Continuas evasivas, maraña de estadísticas y una reiterada proyección de fotos digitales fueron las explicaciones de los gobiernos chaqueño y nacional para la situación de las comunidades indígenas del Chaco, que padecen una sucesión de muertes desde inicios de año. En el marco de una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, que por primera vez interviene en un caso de vulnerabilidad aborigen, los funcionarios se echaron culpas mutuamente y respondieron con generalidades. Desde el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), ente autárquico dirigido por tobas, fueron más concretos: “No hay mejoras en el cumplimiento de los derechos básicos. Los hermanos se siguen muriendo de hambre”. Además, remarcaron que la cuestión de fondo es la pérdida de territorio ante el avance de la deforestación, que alteró su cultura y forma de vida, imposibilitando la caza, pesca y agricultura. También denunciaron la ausencia de políticas integrales, tanto a nivel provincial como nacional. La Defensoría del Pueblo, impulsora de la demanda, también advirtió la falta de asistencia a las comunidades originarias.

A fines de agosto último, la Defensoría del Pueblo demandó al Estado provincial y nacional por el “exterminio de comunidades tobas y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”. A mediados de septiembre, y en un hecho inédito, la Corte Suprema ordenó –a través de una medida cautelar– a la provincia y a la Nación atender la situación de urgencia de las comunidades. Con la audiencia de ayer, pretendía conocer los avances en la situación, sobre todo en alimentación y salud.

En representación del gobierno del Chaco, el fiscal de Estado, Osvaldo Simoni, eludió todas las preguntas en cuanto a la marcha de la asistencia provincial, y descargó culpas en las carteras nacionales. “Para cumplir con la provisión de agua y comida, se firmaron convenios con Desarrollo Social”, advirtió en reiteradas oportunidades. “La provincia se encarga del traslado hacia los centros de salud y la comunicación”, avisó. Cuando el juez Ricardo Lorenzetti interrogó sobre cómo un paciente llega hasta el sistema de salud, Simoni comenzó a explicar un extenso Power Point, fotos de ambulancias guiadas por un sistema satelital (GPS) y mapas de la provincia dividida en zonas de atención. El ministro de Salud provincial, Ricardo Mayol, aportó que todas las personas fallecidas habían sido atendidas y responsabilizó a los pacientes: “La mayoría de ellos resistió la internación”. El mismo funcionario, dos meses atrás, había negado el abandono institucional y asegurado que el origen de las muertes estaba en los “hábitos culturales indígenas”.

“No ponemos en duda la cantidad de programas de atención, pero pareciera haber un problema de implementación. Pareciera haber una distancia entre los datos de los programas y la práctica”, acusó Lorenzetti. Los funcionarios provinciales no acusaron recibo. Volvieron a mirar la pantalla gigante y explicar el recorrido de las ambulancias, el mapa de la provincia y las imágenes satelitales.

La subsecretaria de Políticas Alimentarias de Desarrollo Social de la Nación, Liliana Paredes de Periotti, comenzó leyendo un discurso político que detallaba la situación social al momento de la asunción del actual gobierno. Luego de unos minutos de monotonía, el juez Juan Carlos Maqueda la frenó: “Debiéramos focalizar en la implementación de los programas. ¿Hay ineficacia o la muertes son por otras causas?”

La funcionaria retrucó que las políticas de la cartera son eficaces y señaló que la medida cautelar de la Corte Suprema –que insta a la asistencia– era innecesaria “porque desconoce que ya se estaba impartiendo la ayuda” que la Corte exige. “Las fotos (se veían camiones que distribuían agua) son más que elocuentes de la asistencia”, insistía Periotti como prueba irrefutable.

Los jueces ironizaron: “Puede ser innecesaria la medida cautelar. O quizá usted no recibe toda la información”.

Entonces tomaron la palabra técnicos del Ministerio de Salud de Nación. Explicaron los diferentes programas, detallaron las sumas de dinero giradas desde Nación y, en el mar de estadísticas, precisaron que se detectaron 254 casos de desnutrición, 85 embarazos en riesgo y 34 casos de chagas, todo sobre una muestra de sólo 2500 personas. Lorenze-tti no dejó pasar los datos: remarcó que la población en riesgo era de 60 mil personas y preguntó: “Si todos los programas funcionan, ¿cómo hay desnutridos?” No hubo respuestas.

“Hay una total falta de atención a nuestro pueblo”, resumió el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Orlando Charole, y remarcó que no se cuenta con recursos necesarios para las 120 comunidades de la provincia. El 80 por ciento del presupuesto (que este año fue de cuatro millones de pesos) se destina a sueldos y mantenimiento de la estructura. “El gobierno provincial siempre ha priorizado los intereses partidarios”, acusó Charole, histórico dirigente toba, cercano al justicialismo provincial y representativo de un sector de los pueblos originarios del Chaco.

“Quedó en evidencia que los papeles de los escritorios son muy distintos a la realidad de las comunidades. Y también se notó que los gobiernos no tienen políticas integrales para los pueblos indígenas. Lo que vivimos en Chaco es sólo una muestra, sucede en todo el país. Mientras no cambie eso, lamentablemente seguirá habiendo muertes evitables”, advirtió Charole.