Primero que sí, después que ni: el macrismo ayer dejó en la duda si va a apoyar o no la Ley de Emergencia Patrimonial que ya está completando su camino previo a la votación en el plenario de la Legislatura porteña. Este martes se reunieron los asesores de los diputados miembros de la Comisión de Planeamiento y por primera vez el proyecto, que disfrutaba de un perfecto multipartidismo en apoyos y votos en contra, se encontró apoyado sólo por los que no pertenecen al PRO.

El proyecto de ley surgió de unir varias iniciativas de partidos diversos, que respondían a ese fenómeno nuevo de los porteños saliendo a la calle para defender su ciudad, frenando demoliciones y exigiendo un coto a las torres. Las ideas diversas se unieron en un despacho que pide que se declare una emergencia del patrimonio edificado por seis meses, prohibiendo demoliciones y remodelaciones sin permiso específico de los órganos asesores de la ciudad.

Los meses de la emergencia se usarían para definir la cuestión de modo de evitar la situación actual, en la que los vecinos no saben si un buen día se van a levantar con un tesoro demolido en su barrio y las empresas no saben si no van a enfrentar amparos y juicios que les descalabren el negocio. Así, el proyecto incluye que el Ejecutivo presente en un plazo perentorio de cuatro meses una lista de edificios a catalogar, o sea proteger legalmente, que resuelva el tema de una buena vez.

El Ejecutivo, según el proyecto, deberá elegir en un amplio universo de edificios de la ciudad. Es que el despacho abarca los más de 2700 edificios que el gobierno porteño ya recopiló como Lista de Edificios Representativos de la ciudad, los escasos sobrevivientes de los viejos premios municipales –una lista que incluía maravillas y fue demolida con saña ejemplar– y todo lo que haya dentro del Paisaje Cultural de la Humanidad presentado por Jorge Telerman a la Unesco, esto es, toda la ribera porteña de La Boca a Núñez. Como se puede apreciar, es un proyecto ambicioso y fundante, que puede zanjar un tema que se hizo crítico y se politizó este año, con los vecinos tomando la calle con sus exigencias.

Este proyecto comenzó su vida formal siendo votado en la Comisión de Patrimonio, donde recibió apoyo de todos los bloques, fundamentalmente del PRO, el Frente para la Victoria y la Coalición Cívica. Luego pasó a la Comisión de Cultura, donde se repitió la situación. Uno de los votos que más entusiasmo despertó fue el del macrista Alvaro González, por la simple razón de que además de ser miembro de la Comisión de Patrimonio es el presidente de la de Planeamiento, la tercera y última que debe tratar el tema antes de que sea votado en el plenario de diputados.

La reunión de ayer era de asesores, un paso previo a que los diputados de la comisión discutan el tema. Es un procedimiento común y formalizado en cualquier cuerpo legislativo, donde se entiende que los asesores deben intercambiar ideas y adelantarse intenciones antes de que sus jefes se vean, pero que no es vinculante. La reunión de ayer, en la que estaba en pleno el grupo Basta de Demoler –cuyo nombre los identifica claramente como vecinos inquietos por la destrucción del patrimonio– fue la primera instancia en que se vieron líneas partidarias respecto del proyecto.

Es que, por un lado, se expresaron a favor los asesores de Beatriz Baltroc y Juan Manuel Olmos, del Frente Para la Victoria; Teresa de Anchorena, de la Coalición Cívica, y Carlos Lo Guzzo, radical porteño. Con mayor o menor vehemencia, hablando de tecnicismos o abiertamente mostrándose contrarios, le bajaron el pulgar los asesores de Rodrigo Herrera Bravo, Soledad Acuña, Diego Santilli y Alvaro González, lo que sorprendió a los presentes.

La sorpresa tal vez se explique por la cercanía del cambio de mando en la ciudad: será Mauricio Macri quien tenga que hacer el trabajo de catalogación que demande la Emergencia. Este tipo de tarea es bifronte e implica al Ministerio de Cultura, sector que se mostró crítico para el PRO, y al de Planeamiento, donde ya está nominado un antiguo ejecutivo de Socma, Daniel Chain. Sucede que Chain tiene opiniones muy claras sobre el patrimonio edificado, al que parece considerar como una ilegítima ocupación de lotes que deberían despejarse para construir edificios nuevos. En los pasillos del viejo palacio legislativo –protegido como patrimonio, de paso sea dicho– se habla de la fuerte presión de Chain para que no se limite la rentable piqueta.

El martes, los diputados de la comisión de Planeamiento debaten y votan el despacho. Ahí se podrán contar las manos en alto.