A pesar de las expectativas mediáticas sobre un presunto boicot a las tarjetas de crédito de parte de las estaciones de servicio, nada indica que éstas dejen de aceptar el plástico como medio de pago para el combustible que venden, mucho menos durante las vacaciones estivales. La cámara que nuclea a las administradoras de ese medio de pago reiteró ayer que cualquier pretendida rebaja en las comisiones que cobran debería ser negociada individualmente con cada una de las cien firmas nucleadas en esa asociación (Atasyc), frustrando las expectativas de los estacioneros, que aspiran a oxigenar su negocio con ese descuento. A pesar del desaire, por ahora no habría ninguna medida general.

Ayer tuvo lugar una reunión anunciada el viernes entre Rosario Sica, titular de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina, y Rubén Vásquez, hombre de Cabal que lidera la Asociación de Tarjetas de Crédito. La intención de Fecra era arrancar una promesa de reducción de las comisiones que se cobran sobre el valor del combustible vendido a crédito y que, según los expendedores, promedia el 1,5 por ciento. Otra dificultad ligada a este modo de comercialización es que el dinero entra a sus cajas unos veinte días después, con el consiguiente costo financiero, cuando ellos deben pagar a sus proveedores al contado.

Atasyc asegura que aquel cargo no sólo es menor al denunciado por las estaciones, sino que no es homogéneo, ya que cada una de las administradoras cobra una comisión diferente y, por esta razón, habrían eludido los planteos de Sica invitándola a abrir una imposible negociación individual. Esa comisión, según explica la Asociación, se prorratea luego entre las administradoras, los bancos emisores y aquellas entidades que incluyeron al comercio en la red de la tarjeta (generalmente otro banco). Esto supone también que cualquier cambio en las comisiones involucra a una compleja red de interlocutores.

Fecra, la única entidad que estuvo reunida ayer con Vásquez, representa a las estaciones de Capital y el conurbano. Pero las quejas por la demora en el pago y la envergadura de las comisiones es también compartida por Cecha, entidad de mayor alcance territorial, ya que nuclea a todas las estaciones blancas y de marca del país.

Ambas protestan porque las tarjetas se llevan entre el 15 y el 20 por ciento de su margen bruto de utilidad, que roza el 8 por ciento sobre el creciente precio de los combustibles. Sólo uno de los puntos flacos del negocio de venta de carburantes en el que la gran mayoría de los estacioneros debe enfrentar la competencia desigual de las trescientas bocas que integran la red propia de las petroleras y donde los márgenes son otros, debido al negocio integrado.

Con notorias diferencias entre las distintas regiones del país, alrededor de un 30 por ciento promedio de los combustibles se vende a crédito y no son muchos los estacioneros que parecen dispuestos a poner en riesgo esa parte de su facturación. Según confiaba ayer a Página/12 uno de los directivos de Cecha, la renuencia de algunos vendedores a aceptar el plástico no responde a una estrategia coordinada por el gremio patronal sino más bien a negativas individuales, fundadas en el deterioro de un negocio que cada vez les resulta menos lucrativo y que es compensado con la venta en negro, para lo cual es necesario cobrar en efectivo.

Ya hace casi un año que esa entidad nacional le acercó a Guillermo Moreno un estudio del sector en que se detallaba cómo las estaciones pierden en promedio unos 10 mil pesos por mes. El dato conmovió al secretario de Comercio, que siguió de cerca el tema hasta que las dudas sobre su propio destino evaporaron cuestiones como éstas de su agenda.