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Alrededor de mil afectados por el corralito demandaron ante la Justicia española a integrantes y ex integrantes del Poder Ejecutivo argentino y a los bancos Santander Central Hispano (SCH) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por connivencia para cometer “un fraude sin precedentes” al que calificaron de “genocidio financiero”. Se trata de la primera denuncia internacional que incluye, además de los banqueros, también a los funcionarios políticos que participaron de las decisiones.
A través de la Asociación Hispanoamericana de Perjudicados por el Corralito, unos mil ciudadanos españoles y argentinos presentaron una querella criminal ante la Audiencia Nacional, principal instancia penal de España. Los querellantes, que reclaman la devolución de 100 millones de dólares, consideraron que “las entidades financieras, en la persona de sus responsables, son autores en connivencia con el Gobierno (argentino) de un fraude financiero sin precedentes”.
Afirmaron también que el congelamiento de fondos bancarios, impuesto el 3 de diciembre pasado por el entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, ocasionó “la ruina de la Nación Argentina y ha puesto en peligro la estabilidad económico-financiera de América latina”. La demanda va dirigida puntualmente contra el BBVA, su filial en la Argentina, el Banco Francés, y 33 altos funcionarios de la entidad; y contra el SCH, su filial Banco Río de la Plata y 19 responsables de esa institución.
La querella también alcanza a 24 integrantes y ex integrantes del Poder Ejecutivo que intervinieron en la aprobación de los decretos correspondientes al corralito y medidas posteriores, que mantiene congelados unos 40.000 millones de pesos. Además de Cavallo y De la Rúa, la demanda penal incluye al actual Presidente, Eduardo Duhalde, y a su ministro de Economía, Roberto Lavagna. Según la querella, la medida afectó a más de 4,5 millones de personas de forma directa y a 40 millones de forma indirecta.
La denuncia se produce mientras el actual gobierno intenta una liberación parcial de los fondos, para los montos de entre 7 y 10 mil pesos, a la vez que lidia con los fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad de las restricciones y posterior pesificación de los depósitos. De acuerdo con datos del Banco Central, entre diciembre y julio, los fondos bancarios liberados por disposiciones judiciales sumaron 1400 millones de dólares, beneficiando especialmente a los ahorristas medianos y a los pocos grandes que quedaron atrapados.