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La decisión del Gobierno de eliminar la facultad de petroleras y mineras para dejar en el exterior el 70 por ciento de sus ingrsos por exportaciones desató un debate cruzado donde se entremezclan interpretaciones diversas sobre el fenómeno que se enfrenta. La fuga de divisas es interpretada por unos como un ataque especulativo, pero por otros como una preservación del valor de los activos frente a una presunta oleada inflacionaria. Daniel Montamat, ex secretario de Energía y ex presidente de YPF, profesional de militancia radical y consultor de empresas energéticas, fue uno de los pocos referentes de raigambre neoliberal que hicieron oír su voz ayer. “Acá hay que ir a combatir la causa del drenaje de divisas: el problema de fondo es la inflación”, respondió el economista radical ayer a una entrevista de La Nación. No es poco a esta altura justificar la fuga hacia el dólar como una acción legítima de protección de los activos propios.

Una visión diferente es entender que se está asistiendo a un ataque especulativo, en el que ciertos capitales financieros han optado desde antes de las elecciones por posicionarse en dólares, para buscar ahora obligar al Gobierno a devaluar, y así recoger los beneficios de la diferencia cambiaria. Es la interpretación del propio Gobierno, y también de quienes critican la medida “por izquierda”, es decir por considerarla insuficiente.

Sostener que la medida es limitada es indiscutible. Ni quienes impulsaron el decreto 1722 lo negarían. Pero argumentar que las divisas que liquidarán los exportadores “van a abastecer a la fuga” es temerario desde el punto de vista político. Una lectura simplista indicaría que en un mercado con demanda excedente (como el de dólares en la actualidad), cualquier aumento en la oferta abastece a ese exceso de demanda. Incluso un aumento de exportaciones. Pero semejante tautología oculta que no es lo mismo, políticamente, cualquier origen de la oferta. No es igual eliminar una “fuga autorizada”, como es la facultad de dejar los ingresos por exportación fuera del país, a que sea el Banco Central el que deba poner los dólares a diario en el mercado para que el precio no se dispare.

Tampoco invalida la importancia de la medida que las empresas exportadoras puedan seguir girando divisas al exterior simplemente recomprándolas después de liquidarlas internamente. En tal caso, deberán justificar su salida, dándole el carácter de remesa de utilidades, pago de dividendos, anticipos de pagos a casa matriz, pero cumpliendo con las obligaciones que cada operación implica. No es lo mismo que disponer libremente de las divisas en el exterior sin ingresarlas. Además, todas aquellas operaciones podrían estar sujetas a algún tipo de restricción extra si se agravara el carácter de la crisis externa, que sólo podría aplicarse sobre recursos que previamente hayan ingresado al país. La medida dispuesta ayer es limitada, es cierto. Pero abre un camino para aplicar otras que hasta ayer estaba cerrado.

Por otra parte, la obligación de liquidar las exportaciones internamente va en sentido contrario a las sugerencias provenientes de los mercados de capitales: atraer colocaciones financieras o endeudarse en el exterior, para provocar así la entrada de divisas que equilibre el mercado de cambios. La medida adoptada, ya se dijo, es limitada, pero es mejor que no haber hecho nada y mucho mejor que haber escuchado alguna de estas propuestas, que reiniciarían el ciclo de endeudamiento externo abandonado en 2001.

Juzgar el decreto de ayer exclusivamente por su eficiencia para detener la fuga es improcedente, si no se considera al mismo tiempo el sentido político de la medida. Habrá distintas medidas parciales, porque el conflicto es diverso. No es lo mismo el ahorrista que cambia su plazo fijo por dólares para meterlos en una caja de seguridad que el banco que cambia fondos prestables por divisas para atender necesidades de su casa matriz. Pero tampoco es igual tomar medidas que pretendan caerle simpáticas al mercado para que los fondos especulativos jueguen a favor y no en contra que recortarles facultades a empresas multinacionales. El combate contra la especulación financiera ya comenzó. Ayer, el Gobierno empezó a mostrar su estrategia.