Lilia Ferreyra empezó la mañana revisando papeles, buscando. Finalmente agarró el original de la copia mecanografiada de la Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La mujer entró a la sala Auditorium de los Tribunales de Comodoro Py con las hojas guardadas en la cartera, la letra, guardándolo a él, extendiendo en ese espacio así sacralizado su presencia: “El juicio para mí tiene un sentimiento más íntimo”, dijo. “La sensación de que es una respuesta tardía al alegato que Rodolfo escribió en la Carta a la Junta Militar, por eso lo traje: es la respuesta que la Justicia le da a este escrito que tengo en mis manos 34 años más tarde.”

El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, leyó finalmente, después de dos años de juicio oral y de esperas, de pruebas, testimonios y desgarros, la sentencia del histórico primer juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal condenó a 12 de los 18 represores a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados y homicidios. Entre ellos, quedaron los nombres más emblemáticos y algunos de lo de mayor peso dentro de la estructura militar: Jorge el “Tigre” Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina; Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Oscar Montes y Alfredo Astiz, que cuando escuchó la sentencia dejó de esconder la cara, sacó pecho y una escarapela de algún lado para ponérsela en la solapa seguido fijamente por una de las cámaras de la sala. Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Y 6 de las 12 condenas a perpetua sumaron la acusación por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio de Rodolfo Walsh, en una decisión que implica por primera vez una definición jurídica sobre el asesinato a partir de los testimonios que se recogieron en el juicio y dieron cuenta de la presencia de su cuerpo muerto en la ESMA, pese a la desaparición de sus restos. Acosta, Pernías, Astiz, Radice, Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea fueron acusados por su caso.

El fallo aplaudido en el final por sobrevivientes y familiares que se congregaron en dos de las salas de Tribunales, en la calle, en un festival organizado por HIJOS, contuvo otras definiciones importantes. Los jueces Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli condenaron a la pena de prisión perpetua a Oscar Montes por el crimen de María Cristina Lennie, en una resolución que por sus características también es una bisagra: Lennie tomó una pastilla de cianuro en el momento del secuestro. El caso considerado hasta ahora como un supuesto suicidio había entrado al juicio por privación ilegal de la libertad y tormentos. La querella del CELS pidió, en su alegato, un cambio para imputar a los acusados por su homicidio, al considerar que cuando “ella opta por el suicidio no lo hace libremente ni por propia decisión, sino que lo hace forzada por las circunstancias que genera en forma dolosa e ilegal el imputado”, un argumento que terminó plasmado en la sentencia.

La perpetua alcanzó también a Miguel Donda, en su caso por el homicidio de Raymundo Villaflor: una decisión que admite el cambio de calificación en el mismo sentido de Walsh: pese a la ausencia del cuerpo el Tribunal reconoció en el fallo el asesinato a partir de los testimonios de quienes lo vieron muerto en el centro clandestino de los marinos.

Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. El médico Carlos Capdevilla recibió la pena a 20 años de prisión por 14 privaciones ilegales y tormentos agravados. Juan Antonio Azic, el apropiador de Victoria Donda, fue condenado a 18 años por 3 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, entre ellos el de Carlos Lordkipanidse, a quien torturó con su hijo sobre la panza. Y hubo dos absoluciones: Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, alias Dante, acusado por las víctimas como el jefe del operativo de Rodolfo Walsh. Rolón estaba imputado como parte de la patota del operativo en la Santa Cruz. Anoche no se conocían las razones por las que el tribunal decidió absolverlo, pero seguirá detenido porque está procesado por otros casos de la megacausa. El caso de García Velazco es uno de los más cuestionados por los sobrevivientes. “Dante” tenía un hermano mellizo que está muerto y a quién él le imputa la participación en el operativo de Walsh como parte de su coartada y de la lógica de invisibilización de los represores. Quienes lo conocieron y volvieron a verlo ayer por la mañana cuando pronunció sus últimas palabras estaban furiosos, convencidos de que esa coartada podría permitirle liberarse a los ojos de los jueces. Como Rolón, tampoco saldrá en libertad: continuará detenido por otros procesamientos pendientes.

Finalmente, la sentencia avanzó sobre pedidos planteados por la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña y dio lugar a otros pedidos que plantearon en los alegatos las querellas integradas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Cels, que sumó a Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Kaos, Patricia Walsh y Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora, en representación de las monjas francesas y el grupo de la Santa Cruz. Algunas de las respuestas fueron tomadas como verdaderas sorpresas. El tribunal ordenó que se abra una investigación sobre el rol que mantuvo durante la dictadura Ramón Arrosa, el primer jefe de la Armada de la democracia. Arrosa, que hizo su carrera de ascenso durante la dictadura, declaró en el juicio como testigo y dijo aquello de que la infiltración de Astiz en el Grupo de la Santa Cruz había sido “exitosa” y que el problema de la Armada había sido no darle cobertura y enviarlo nuevamente a trabajar esta vez a París, donde lo descubrieron los sobrevivientes. Una declaración que en su momento enfureció hasta a sus camaradas de armas, que le reprocharon haberse lavado las manos. Otra decisión fue separar las acusaciones por violencia sexual en la ESMA y derivarlas al juzgado federal numero 12, donde Sergio Torres abrió una causa situándolos como delitos de lesa humanidad. Lo mismo ordenó respecto de los niños secuestrados con sus padres y el funcionamiento de la maternidad clandestina de la ESMA. El tribunal ordenó una medida de protección sobre el Campo de Deportes de la ex ESMA, que aún sigue usando la Marina y sobre el que existen sospechas de que se utilizó para la incineración o entierro de cuerpos.

Otro dato, quizá más inesperado, fue un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación promueva ante los organismos de Justicia internacional la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de Genocidio.

La espera

La sentencia se había anunciado para las seis de la tarde, pero se escuchó recién dos interminables horas más tarde. La demora alentó todo tipo de rumores. En los pasillos, los empleados del Tribunal organizaban las filas para acreditaciones que rebalsaban capacidades y presencias. Entre los invitados de los acusados apareció Cecilia Pando, que terminó en un momento en medio de un pasillo espalda con espalda con Myriam Lewin. Un empleado sudaba buscando formas para hacer entrar como acreditados a los cronistas de prensa que llegaron de todo los lugares. Otro decía que todo estaba bien, que iba a ver una sentencia justa. Los jueces, sin embargo, no aparecían. En la sala alguien llegaba con el dato de que no se ponían de acuerdo, que habría solo cuatro perpetuas.

El Tribunal tenía antecedentes que despertaban cierta inquietud desde el comienzo del juicio. Con sólo un integrante distinto, había absuelto a tres de los cinco acusados en el último juicio a los ex jefes de Area. Además, hace cuatro años, no pudo garantizar la seguridad del ex prefecto Héctor Febres, que murió aparentemente envenenado en prisión antes de escuchar la sentencia.

A las ocho de la noche, todos los que tenían que estar estaban ahí. Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, Rosa Roisinblit, Nora Cortiñas y Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y su segundo, Luis Alem; el diputado Julio Piumato, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Cecilia de Vincenti, la hija de Azucena Villaflor. Ana María, Mabel y Esther, las hijas de Esther Careaga del grupo de la Santa Cruz. Lilia Ferreyra y Jorge Pinedo, el ex marido de Patricia Walsh. Los sobrevivientes: Graciela Daleo, Carlos Lordkipanidse. Las sobrinas de Léonie Duquet que llegaron por primera vez a Argentina desde Francia para escuchar la sentencia. Su prima, sor Geneviève Jeanningros, vestida de religiosa, acompañada por el embajador de Francia Jean Pierre Asvazadourian. “Mucho de emoción”, decía Geneviève. “Tengo admiración por la Argentina, de su valentía de hacer estos juicios, de una democracia que puede estar fundada sobre la justicia: estuve el año pasado y presencié la manifestación del 24 de marzo, vi todos esos jóvenes que para mí es una inmensa esperanza para la Argentina y todos los 30 mil desaparecidos son como sus semillas, para el día de hoy, de mañana”.

Algo de eso apareció en la sala en ese momento. Adolfo Mango, de la Santa Cruz, y María Adela Antokoletz, que estuvieron día a día ocupando las sillas de los interminables días de audiencia, repartieron unas imágenes con las fotos de los doce de la Santa Cruz. Con la cara de Walsh. Las imágenes eran como estampas. A las 20.07, cuando entraron los marinos esposados a la sala, los familiares miraban detrás de un vidrio. Con los puños en alto, la V de la victoria en las manos y las manos alzadas con las estampas hicieron de fondo de los flashes. Cuando todo terminó, y el tribunal dijo lo que dijo, la sala volvió a cantar su himno: 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre.