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La presidenta Cristina Fernández descartó ayer que el decreto 1277, que reglamentó las atribuciones del Gobierno en materia de regulación en el mercado de hidrocarburos, perjudique a las provincias. Los gobernadores no quieren perder recursos fiscales que obtienen a través de regalías, y en ese sentido la primera señal recibida fue positiva, por la suba del precio del GNC en boca de pozo (ver aparte). El esquema de preponderancia provincial en la política hidrocarburífera, antes del decreto, suponía la búsqueda de la maximización de la producción para incrementar los ingresos por regalías, sin atender la explotación de áreas menos rentables o inversiones en reposición. La presencia del Estado nacional incrementa el roce por la regulación del sector, pero también incorpora el objetivo del autoabastecimiento y de la sustentabilidad a mediano y largo plazo.

La coordinación entre estados provinciales y Nación es vista con mejores ojos por los gobernadores luego de la reunión del pasado martes, donde la plana mayor del Gobierno central en el área energética les aseguró que seguirán teniendo la potestad de otorgar y caducar concesiones y participarán de los planes de inversión. “El mensaje será más claro, va a dejar de haber doble comando y se amplía el poder de negociación”, explicó un asistente a la reunión general, que se repetirá una vez por mes, además de los encuentros del gobierno nacional con representantes de cada provincia. Ayer los gobernadores de provincias petroleras firmaron el convenio que confirma su presencia en YPF. Según esa norma, el Estado debe confeccionar un Plan Nacional de Inversiones, mientras que las empresas deberán alinear sus objetivos con los del Estado. El Gobierno realizará esa tarea de planificación, control y, eventualmente, sanción a través de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, encabezada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

El protagonismo del gobierno federal abre un campo de potencial conflicto con las provincias, que se deberá dirimir en la negociación política. En el caso de Neuquén, las empresas operadoras antes se comprometían en forma anual con el gobierno provincial a realizar inversiones. Sin embargo, no se les exigía hacerlo en determinadas áreas o enfocarse en gas. La decisión fue producir petróleo, que tiene mayores márgenes de rentabilidad, y desatender el gas, cuyo precio en boca de pozo se mantuvo prácticamente congelado hasta el anuncio de ayer.

La presión nacional para producir más gas hubiera tenido impacto en los ingresos por regalías que cobra la provincia. Por eso la suba anunciada del precio del GNC a los productores representa un alivio para el gobierno de Neuquén, que recibirá 60 millones de pesos adicionales al año. También YPF verá incrementados fuertemente sus ingresos.

La ausencia de una directriz clara del Estado nacional previo a la ley de soberanía hidrocarburífera dejaba a las provincias con la potestad casi total sobre la dirección del mercado. Representantes de esos distritos coinciden en que en la medida en que el incentivo de las provincias es maximizar sus ingresos, ello iba a veces a contramano de las necesidades del país, en caso de sobreexplotación del recurso sin recuperar reservas o, en el ejemplo neuquino, sin producir gas. Concluyen que la acción en conjunto es razonable y necesario para una recuperación armónica.