El sistema ferroviario de cargas nacional cuenta con cuatro concesionarios privados y una flamante firma estatal. Los jugadores privados son FerroExpreso Pampeano, un ferrocarril cerealero operado por Techint que llega a los puertos de Rosario y Bahía Blanca; Nuevo Central Argentino, a cargo de la empresa Aceitera General Deheza, de la familia Urquía, que concentra sus operaciones en Rosario y Córdoba. El listado de los concesionarios se completa con Ferrosur, gestionado por la cementera Camargo Correa de Brasil, y América Latina Logística (ALL), también brasileña, que está a cargo de un ramal que une Buenos Aires y Santa Fe con Cuyo y otro que integra la Mesopotamia con Buenos Aires y Capital Federal. Los ramales de ALL están prácticamente abandonados y la empresa pretende dejar el país. La CNRT intervino la empresa para realizar una auditoría. Por su parte, el Gobierno anunció días atrás que se hará cargo del Belgrano Cargas. Además de las serias irregularidades detectadas en la administración privada del Belgrano Cargas, a cargo de Shima –empresa conformada por Macri y Sanhe Hopefull Grain & Oil–, las operadoras Emepa y Roggio y los sindicatos Unión Ferroviaria, La Fraternidad y también Camioneros, el argumento central esgrimido por el Gobierno para recuperar el control del estratégico ramal que conecta el norte del país con los puertos santafesinos y bonaerenses es la necesidad de mejorar la competitividad de las economías regionales.