La no reposición de la medida cautelar por parte del juez Thomas Griesa en el juicio entre los fondos buitre y el Estado nacional estrecha todavía más la situación para la Argentina, acerca el escenario de default declarado por el mercado y refuerza los interrogantes sobre la presencia de incentivos económicos paralelos por parte del fondo NML Capital, principal litigante. Estos puntos, entre otros, plantearon tres economistas especialistas en la materia consultados por Página/12. También advierten que el Gobierno tiene poco margen de acción, aunque especulan que en los próximos días puede aparecer alguna novedad que mejore el escenario.

“La decisión del juez Griesa nos deja en un sendero todavía más angosto, nos está poniendo contra la espada y la pared. Porque la realidad es que el Gobierno en estas condiciones no puede pagar lo que dice la sentencia. Estaría violando la legislación argentina, por la ley cerrojo, e incluso se abrirían causas penales contra los funcionarios. Esto no hay manera de enderezarlo sin una intervención más equilibrada de parte del juez”, señaló Arnaldo Bocco, ex director del BCRA. “Por eso yo creo que vamos a terminar no pagando la sentencia, en estas condiciones no se puede negociar. Eso generaría una catarata de juicios cruzados, de los bonistas contra el Estado pero también de esos agentes contra el Banco de Nueva York, fiduciario de la operación, y tal vez del banco contra Griesa, por ejemplo. Debe quedar claro que esta injusta sanción no es contra el Gobierno, sino contra toda la sociedad argentina. Si todo sigue así, a partir de agosto la situación va a ser de mucha presión, puede verse afectado el ingreso de capitales de corto plazo”, concluyó Bocco.

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aclaró que “la discusión ahora no es si se paga a 10 años o no, porque en esta situación la Argentina no tiene opciones”. “Griesa está afectando los derechos del 93 por ciento de los bonistas que sí entraron al canje. Si fuera un juez neutral no le hubiera costado nada aceptar este pago del bono Descuento. La demora fortalece a los buitres, que presionan al límite para quedarse con todo. Vale aclarar que no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo ‘negociado’ porque eso activaría la cláusula RUFO.”

“El Gobierno tiene que seguir manteniendo una actitud negociadora, pragmática pero firme. Es preferible demorar un acuerdo que aceptar condiciones que podrían tener riesgos jurídicos y económicos. Técnicamente, luego del 30 de julio hay 60 días más para que los acreedores pidan por el pago del bono del canje, el cual fue pagado por la Argentina pero no cobrado. Por eso acá se trata de un problema jurídico, no económico”, agregó Vanoli.

Para Marina Dal Poggetto, directora del Estudio Bein, “todavía faltan unos días para el 30, pero la probabilidad del stay se va diluyendo. De todas maneras, a partir de agosto se abriría un período de 60 días para evitar que el incumplimiento alcance al resto de las emisiones y se convierta en default técnico. También se definiría si se gatillan los Credit Default Swaps (CDS), que son títulos que se cobran si la Argentina defoltea. El Gobierno parece no dispuesto a correr riesgos con la cláusula RUFO (que vence a fin de año), por eso pide la reposición de la medida cautelar. Los holdouts, en principio, también deberían tener incentivos en reponer la cautelar, para ellos mismos poder cobrar en algún momento, el tema es que esto puede no ser así: no sabemos cuánta plata invirtieron en CDS en contra de la Argentina e incluso en los propios bonos del canje, por los cuales podrían litigar a través de la RUFO si les pagan lo que reclaman por sus bonos no canjeados. Así estarían jugando a tres bandas: bonos defolteados, CDS y títulos del canje”.

“La diferencia entre un default ‘jurídico’ como éste y uno ‘económico’ puede radicar en dónde se estabiliza el precio de los bonos. De todas maneras, el evento default no se produce por falta de capacidad de pago sino por falta de capacidad de cobro”, consideró Dal Poggetto.