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MIGUEL KIGUEL

“Deberán aceptar”

Roberto Lavagna dará a conocer en una semana, durante la asamblea anual del FMI, un primer boceto de la propuesta del Gobierno para la reestructuración de la deuda. Luego de ese puntapié inicial, la negociación con los acreedores llevará varios meses. Miguel Kiguel, especialista en el tema y ex secretario de Finanzas de Roque Fernández, estimó que en el mejor de los casos, un acuerdo podría cerrarse hacia mediados de 2004. Su opinión está fundada en el contacto permanente que mantiene con los tenedores de bonos argentinos. “La quita terminará siendo del 70 por ciento”, pronosticó, en diálogo con Página/12.
Otro elemento clave de la negociación será conseguir, por lo menos, cinco años de gracia en la amortización de los títulos que se coloquen en reemplazo de los que se mantienen impagos. Kiguel lo consideró muy probable. El esquema que diseña el Gobierno contempla distintas ofertas a los acreedores. Una de ellas sería un bono a treinta años, con diez de gracia en el pago del capital, con una tasa de interés del 5 por ciento anual. Una segunda opción sería un título a 15 años, con tasa flotante del 3,5 por ciento. Y otra alternativa sería un bono a 10 años, atado al crecimiento de la economía.
Kiguel apuntó otro dato importante. La porción de la deuda que se sigue pagando, que incluye los Boden que recibieron ahorristas, empleados públicos y jubilados, los préstamos garantizados y los vencimientos de intereses con los organismos internacionales, pondrá al Gobierno en una situación difícil en 2005 y 2006. Cada uno de esos años habrá que desembolsar 5 mil millones de dólares. Esa cifra excede largamente el 3 por ciento de superávit primario que se pactó con el FMI. Para evitar una nueva reestructuración sobre esa deuda, “el Gobierno necesita volver al mercado”, para conseguir financiamiento.
Otra opción hubiera sido reclamar a los organismos una refinanciación de los intereses. El FMI lo rechazó e incluso presionó hasta último momento para que el Gobierno cancele capital durante los tres años que durará el acuerdo. Los acreedores privados se lo reprochan. Más cuando saben que “no tienen muchas más alternativas que aceptar lo que les ofrezca Lavagna”, según la interpretación de Kiguel.

ALFREDO E. CALCAGNO

“Sólo la legítima”

A diferencia de la estrategia oficial, que parte de reconocer la deuda como válida y negociar cuánto de eso se paga, Alfredo Eric Calcagno plantea otra idea. Propone rediscutir toda la deuda, no sólo la que está en default. Hay que analizar caso por caso todos los compromisos, primero para determinar cuáles de ellos son legítimos, y después para encarar negociaciones específicas. “Al diversificar la discusión se asume una posición negociadora más favorable, porque cada tema se analiza detenidamente. Ya no tenemos un problema sino varias negociaciones separadas”, indicó este ex funcionario de las Naciones Unidas y la Cepal.
La deuda tiene una composición heterogénea. Los organismos internacionales son acreedores privilegiados que no sufrirán ninguna quita a pesar de su responsabilidad por la crisis. “Los acreedores privados están indignados con el FMI y eso habría que aprovecharlo”, apuntó Calcagno. El objetivo sería conseguir que ellos también resignen algo, aunque en el acuerdo que acaba de firmarse con el Fondo se dejó de lado esa posibilidad.
“Una deuda importante es la emitida para pagar a los bancos la pesificación asimétrica, que asciende a 11.025 millones de dólares”, puntualizó Calcagno. “Los 80 principales grupos empresarios –agregó– debían a los bancos locales antes de la devaluación 7955 millones de dólares, y con la pesificación recibieron una subvención estatal de 19.887 millones de pesos.” Frente a este escenario, lo justo sería aplicarles a esas compañías un impuesto que capte esa renta injustificada.
Otro análisis específico merecen los bonos Brady, declarados ilegales por el juez Jorge Luis Ballestero, ante la famosa demanda de Alejandro Olmos. Una investigación igual habría que llevar adelante para verificar la legalidad del megacanje de junio de 2001, que según la Auditoría General de la Nación, significó un recargo de 55.281 millones de dólares en la deuda global por capital e intereses. “Hay que atacar el problema mismo y cuestionar su existencia, antes que aceptar una salida predeterminada”, concluyó Calcagno.