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Las otras dos leyes sancionadas ayer fueron la prórroga hasta 2017 de la Emergencia Económica (aprobada por 38 votos a 29) y el Impuesto a los Créditos y Débitos (con igual resultado). La primera de las normas contempla una serie de capítulos que van desde el manejo del mercado de cambios, la renegociación de los contratos para las prestadoras de servicios públicos y la posibilidad de regular precios de insumos, bienes y servicios considerados críticos. Ambas leyes fueron rechazadas por el pleno de la oposición, entre ellos la UCR, PJ disidente, PRO, GEN y el socialismo.

La llamada ley de Emergencia Económica cruza a toda la administración pública. Una de sus claves tiene que ver con la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos. “Los acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión, contemplar las fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato”, indica la iniciativa.

A su vez, le permitirá al Ejecutivo “regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”.

Si bien la oposición rechazó esta norma, había especulado en un primer momento con que el Gobierno buscaría condicionar al próximo Presidente al quitarle las facultades previstas en la Emergencia, algo que fue desmentido por la propia realidad.

La discusión sobre la prórroga del impuesto al cheque esconde un debate más de fondo vinculado a la Coparticipación. Actualmente, este tributo se distribuye en un 70 por ciento para la Nación y un 30 por ciento para las provincias. Sin embargo, hay una detracción de 15 por ciento para la Anses por lo que las distintas jurisdicciones reciben la mitad de ese 30 por ciento. El debate de fondo es ¿qué provincia estaría dispuesta a ceder puntos de coparticipación en beneficio de otra? A su vez, el Estado nacional también debería dejar de recaudar recursos que hoy se destinan al Tesoro Nacional.

El desafío es doble, porque cualquier cambio en la coparticipación requiere del consenso de todos los gobernadores.