El Gobierno decidió promover la postulación de dos candidatos a cubrir las vacantes en la Corte Suprema antes del pase de mando. Para eso primero retiró el pliego del penalista Roberto Carlés, quien había sido propuesto para reemplazar a Raúl Zaffaroni, pero no consiguió consenso en el Senado. La reciente renuncia de Carlos Fayt dejó un segundo cargo vacío. Al final, los nombres propuestos y que hoy mismo aparecerán publicados en los diarios de acuerdo con las exigencias del decreto 222, son los de dos jueces en actividad, con altos cargos en la actualidad: uno de ellos, Eugenio Sarrabayrouse, es de origen peronista, discípulo de Julio Maier, e integra la Cámara de Casación Penal en lo Criminal y Correccional; el otro, Domingo Juan Sesín, afín al radicalismo, experto en derecho administrativo, es el presidente del Superior Tribunal de Córdoba.

La posibilidad de que se produzca efectivamente el nombramiento de estos candidatos todavía resulta incierta en medio de este período de transición. Aunque los radicales se mantienen en la postura de no aceptar ninguna propuesta que venga del Gobierno actual, eso no quita que existan para el Frente para la Victoria otras posibles alianzas. Tampoco está claro si hay chances de votación en este período de sesiones, o si pasará a extraordinarias, o a la posteridad. Por lo pronto, sólo el trámite inicial de presentación de avales e impugnaciones en el Ministerio de Justicia dura quince días, después de los cuales el Poder Ejecutivo tiene un máximo de 15 más para mandar los antecedentes al Congreso, donde empieza otro período de impugnaciones y respaldos, hasta que se convoca a una audiencia pública con el candidato, para que responda preguntas.

Los dos juristas propuestos son definidos por quienes los conocen y frecuentan en el mundo judicial como hombres de “perfil técnico” en sus intervenciones y en la construcción de sus fallos.

Domingo Sesín es el presidente del Superior Tribunal de Córdoba.

Sarrabayrouse tiene 51 años. Siempre se consideró peronista. Estudió y se graduó en la UBA. Durante un tiempo trabajó en un estudio de abogados. Se fue a Tierra del Fuego para trabajar en el Poder Judicial local y llegó a ser camarista del Crimen. Estando allí, pidió una beca para poder irse a Alemania, donde estuvo dos años y medio. Allí quien lo apuntaló con su tesis fue el famoso jurista Claus Roxin. Cuando volvió, se doctoró con una tesis que recibió halagos y que ganó el premio Facultad, en la que analizaba la responsabilidad penal por un producto mal elaborado. Al retornar a la Justicia fueguina alcanzó el cargo de camarista. Luego concursó para la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y para la Cámara de Casación Penal ordinaria. En ambos concursos le fue bien y quedó ternado. Este último empezó en 2008 y recién el año pasado se concretaron los nombramientos, entre los que figuraba Sarrabayrouse.

Julio Maier tiene un grupo de tres discípulos dilectos a quienes incluso encomendó la continuación de su obra. Uno de ellos es Sarrabayrouse, junto con Daniel Pastor y Gabriel Pérez Barbará. Este candidato a la Corte, experto en derecho penal, es definido por otros colegas como alguien respetuoso del orden constitucional, de los derechos humanos y de convicciones democráticas. Es considerado dialoguista y para nada confrontativo.

Domingo Juan Sesín tiene 60 años, diecinueve de los cuales los lleva en el Superior Tribunal cordobés, donde había sido nombrado por Ramón Mestre, a quien dice que no conocía en su momento. Los nueve años anteriores transcurrieron como camarista en lo Contencioso Administrativo.

En la Corte local tuvo un abanico enorme de temas, que abarcó cuestiones previsionales y electorales sensibles. Sesín es, efectivamente, un “administrativista”. Se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en la Universidad de Roma. También trabajó en la fiscalía de Estado, en los tiempos en que gobernaba Eduardo Angeloz.

Eugenio Sarrabayrouse integra la Cámara Nacional de Casación Penal.

Sesín es conocido en su ámbito y también en la política, por donde se mueve –cuentan– con cintura. Es habilidoso para mantener contactos con los distintos sectores, aunque siempre estuvo un poco más cerca de los radicales. También se lo considera bastante orgánico de la corporación judicial, con buen diálogo desde su cargo actual con la Corte Suprema y su presidente, Ricardo Lorenzetti. Fue titular de la Junta Federal de Cortes y superiores tribunales.

Algunas de las críticas que en su momento formaron parte del boicot a la figura de Carlés fueron su edad (32 cuando lo impulsaron) y su falta de carrera judicial, ya que es abogado más bien volcado a la actividad académica. También se lo intentó asociar políticamente al Gobierno, y decir que no tenía independencia, a lo que él en la audiencia respondió “Nunca declaré avalar al gobierno de turno, ni nacional, ni provincial ni de la ciudad autónoma; he realizado críticas a funcionarios y a políticas de distintos gobiernos”.

Uno de los temas que pueden llegar a generar debate con un nuevo gobierno es el del tamaño de la Corte, cuántos miembros debe tener. A Carlés le habían preguntado por esto y dijo que la reducción a 5 miembros (el número actual) es un obstáculo para una mayor representatividad de extracciones sociales, geográficas, de las mujeres y de especialidades.

Sobre éstas y otras cuestiones, como la exención del pago de Ganancias que beneficia a los jueces, seguramente tendrán que contestar en una futura audiencia pública los dos candidatos nuevos del gobierno a sentarse en uno de los butacones de la Corte.