Mientras se desarrollaba ayer la sesión en la que la Cámara alta aprobó el Presupuesto 2016, los senadores comenzaron a enterarse de que deberán enfrentar un nuevo desafío antes de que termine el año calendario. La presidenta Cristina Fernández decidió iniciar el proceso para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia generadas por la renuncia de Raúl Zaffaroni (desde el 1º de enero de este año) y de Carlos Fayt (desde el próximo 10 de diciembre). Los postulados son Eugenio Sarrabayrouse, juez de la Cámara de Casación de Capital Federal, y Domingo Sesín, presidente del Tribunal Superior de Córdoba. El pliego con los candidatos podría llegar al Senado recién en 18 o 20 días, una vez terminado el proceso de selección en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De todas maneras, ya comenzó el poroteo y las negociaciones: se necesitan 48 senadores (dos tercios de los miembros del Senado) para designar a un miembro del máximo tribunal del país. Con los resultados del último domingo, a partir del 10 de diciembre el FpV contaría con un bloque de entre 41 y 42 senadores, incluyendo a sus aliados habituales. En ese marco, será necesario el apoyo de algún sector opositor. En diálogo con Página/12, el senador y presidente de la UCR, Ernesto Sanz, consideró que “la Presidenta carece de legitimidad política para hacer estos nombramientos” y descartó de plano un acompañamiento partidario.

A media tarde de ayer comenzó a circular en los pasillos del Congreso el rumor de que el oficialismo retiraría el pliego de Roberto Carlés, propuesto a fines de enero para reemplazar a Zaffaroni. El candidato del oficialismo había logrado superar todas las instancias previas, pero se frustró antes de llegar al recinto de la Cámara alta, ya que no conseguía la mayoría necesaria para su aprobación. En medio de una fuerte tensión con el Gobierno, el juez Carlos Fayt, de 97 años, hizo pública su renuncia, con fecha del 10 de diciembre, para evitar que el kirchnerismo designe su reemplazo.

El decreto 222/03, que reglamenta la designación de los magistrados de la Corte, establece que puede proponerse más de un candidato para cubrir una sola vacante. En ese caso, tanto Sarrabayrouse como Sesín podrían ser candidatos para reemplazar el cargo de Zaffaroni, que ya está efectivamente vacante.

De todas formas, la posibilidad de nombrar dos jueces de la Corte en vez de uno podría facilitar las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Ya hubo conversaciones en ese sentido. Fuentes legislativas relataron a este diario que un enviado de la Presidenta le llevó a la UCR una propuesta: Por un lado, Miguel Pichetto, abogado y actual presidente del bloque de senadores del FpV, y por el otro Carlos Maestro, ex gobernador radical de Chubut. El radicalismo rechazó la oferta. No por Pichetto, reconocido entre sus pares de distintos bloques, sino por su propio correligionario. Los boina blanca barajaron otros nombres: el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; el juez de la Corte Suprema mendocina Alejandro Pérez Hualde o el ex camarista del Juicio a las Juntas, el ex diputado Ricardo Gil Lavedra.

Las conversaciones no siguieron avanzando, pero según fuentes opositoras la posibilidad de cubrir la vacante siempre debía realizarse una vez finalizado el proceso electoral. “Sobre todo hoy, en la puertas de un ballottage y a punto de tener un presidente en 20 días, lo que corresponde es esperar a esa definición”, insistió ayer Sanz, sin entrar en la evaluación de los nombres propuestos.

Desde el FpV aseguraron que se trata de dos hombres prestigiosos, moderados y con amplia trayectoria en la Justicia. Ninguno de ellos tiene una militancia político partidaria. Según fuentes del bloque oficialista, a la oposición y en especial a la UCR les costaría rechazarlos. Más allá de la negativa anticipada anunciada por Sanz, podría generarse consensos con otras bancadas.

Los plazos comienzan a correr a partir de hoy. Se publica la propuesta en dos diarios de circulación nacional durante 3 días. Luego se abre un período de 15 días para presentar avales o impugnaciones en el Ministerio de Justicia. Una vez finalizado, el Ejecutivo tiene hasta 15 días para enviar o no el pliego al Senado. En la primera sesión posterior al ingreso del pliego por mesa de entradas, el Senado le da giro a la Comisión de Acuerdos, donde se vuelven a publicar edictos y a abrirse un período de presentación de impugnaciones y avales. Finalmente se convoca a una audiencia con el o los postulantes y se pasa a la firma el dictamen, que a los siete días podría ser tratado en el pleno de la Cámara. Previamente deberá formalizarse el retiro del pliego de Carlés, que hasta anoche no había ocurrido.

Fuentes parlamentarias estimaron que todo el proceso podría demorar unos 50 días, es decir hasta mediados de diciembre. En ese caso, antes de finalizar su mandato, el 10 de diciembre, la Presidenta debería dejar hecha la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar esos pliegos. Si bien se descuenta el rechazo de la UCR, el PRO y otros bloques como la Coalición Cívica o el Frente Cívico cordobés, el oficialismo podría sumar algunos referentes del peronismo disidente como el senador dasnevista Alfredo Luenzo o los peronistas pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera. También podría recurrirse al ex presidente Carlos Menem. En ese contexto, el número mágico de los dos tercios está más cerca de lo pensado hasta hace apenas unas semanas.