Los familiares de Ana María participaron del acto de la Multisectorial de Mujeres frente al Iturraspe para recordar a la joven.

El gobierno de la provincia de Santa Fe reconoció su responsabilidad en la muerte de la joven Ana María Acevedo, ocurrida ocho años y medio atrás en el Hospital Iturraspe, un caso que se convirtió en un emblema en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para el movimiento de mujeres en el país. Como parte de ese reconocimiento, el martes el fiscal de Estado, Pablo Saccone, firmó un convenio con los padres de la adolescente por el cual se acordó pagarle una indemnización a la familia, a modo de resarcimiento por el accionar de los médicos y las autoridades del hospital provincial, ubicado en la ciudad de Santa Fe, que se negaron arbitraria e ilegalmente a realizarle un aborto terapéutico y a brindarle al mismo tiempo el tratamiento oncológico que estaba indicado para el cáncer que tenía en la mandíbula, poniendo sus creencias religiosas por delante del cumplimiento del derecho que tenía a interrumpir ese embarazo. Ana María era muy pobre, tenía 19 años y tres hijos, hoy de 9, 10 y 12 años, que hoy solo la recuerdan por fotografías.

Según confirmó Saccone, la resolución es avalada y fue impulsada por el gobernador Antonio Bonfatti, que en las próximas horas emitiría un decreto pidiendo disculpas por los sufrimientos infligidos a Ana María y a su familia. Mientras tanto, avanza muy lentamente la causa penal en la que están procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “lesiones culposas” los profesionales de la salud que interfirieron en la atención de la joven. La abogada de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, Paula Condrac, explicó a Página/12 que la causa judicial está en la Cámara Penal de Santa Fe. “Estamos esperando que se expida sobre la validez del requerimiento de elevación a juicio efectuado oportunamente por el fiscal Gerardo Oscar Alesso. En pocas palabras, los abogados de los médicos pretenden que sus defendidos no entienden de qué los acusa el fiscal, cuál ha sido su comportamiento antijurídico, qué delitos les atribuyen y por ello no pueden ejercer su derecho a defensa en juicio. Esperamos que los integrantes de la Cámara Penal tengan la misma claridad conceptual y el mismo valor cívico que tuvieron el juez Eduardo Andrés Pocoví, que los procesó en 2008, y el gobernador de la provincia”, agregó Condrac, quien representa legalmente a la familia de Ana María. Es decir, a ocho años y medio de la muerte de la joven, que tenía 19 años, todavía no se cerró la investigación judicial. “Claramente están apuntando a que prescriba la causa. Es vergonzoso. Una vez más se la vuelve a maltratar a Ana María, ahora en la Justicia”, apuntó la abogada.

Los tres hijos de Ana María, junto a su mamá Norma y su papá Aroldo, participaron el martes del acto que organizó la Multisectorial de Mujeres frente al Iturraspe para recordar a la joven. “Con esta decisión de indemnizarla, el Estado provincial está reconociendo posmorten sus derechos ciudadanos”, señaló Condrac. A la vez, agregó, significa un “fuerte apoyo político en favor del protocolo de atención de los abortos no punibles. Lamentablemente, a pesar de su vigencia, todavía hay médicos en la provincia que no lo quieren cumplir”, advirtió Condrac. En el Iturraspe, una plaza lleva el nombre de la joven.

Los médicos procesados son el ex director de ese hospital, Andrés Ellena, y los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología, César Blajman y Raúl Musacchio, respectivamente; por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Con esta última acusación están también imputados el radioterapeuta Jorge Venanzi y dos autoridades del Samco de Vera: su titular, Sandra Barbieri, y José Manuel García, integrante del Consejo de Administración.

La crónica del sufrimiento de Ana María comienza a ser registrada en mayo de 2006, cuando recurrió al hospital de su localidad, Vera, porque tenía un fuerte malestar de muelas. Tras cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre de ese mismo año, fue derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le detectaron un cáncer en el maxilar y le extrajeron una parte del tumor de las partes blandas de su cuello. La familia siempre sostuvo que no le explicaron la gravedad del cuadro ni que debía tomar precauciones para no quedar embarazada.

El 23 de noviembre de 2006 fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe, pero ante la sospecha de que podía estar embarazada no le iniciaron el tratamiento por el cáncer porque la quimioterapia está contraindicada para la salud del feto. El embarazo se confirmó el 7 de diciembre. El 22 de febrero de 2007 el Comité de Bioética del Iturraspe se enteró del caso y lo analizó. La reunión quedó registrada en un documento escrito. Muestra claramente lo poco que valía la vida de Ana María para los médicos. “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”, dice el acta de la discusión. También precisa: “En este estadio de la enfermedad aún se puede hacer quimioterapia y radioterapia como chance para mejor calidad de vida”, pero “con el embarazo en curso ambas posibilidades terapéuticas se descartan”. Y más adelante sigue: “La familia, los padres expresan que no se le está haciendo nada. Y en realidad es así, pues se le está tratando el dolor pero no se combate la enfermedad”. Con esa negativa, Norma deambuló por los tribunales para reclamar el aborto terapéutico. La autorización nunca llegó.

El caso salió a la luz después de que Ana María fuera sometida a una cesárea, el 26 de abril de 2007. Ya estaba en la Unidad de Terapia Intensiva “en estado premorten, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos”, según explicó el médico Emilio Schinner, en el expediente clínico. La criatura que dio a luz, de 22 o 23 semanas de gestación, sobrevivió 24 horas. Ana María murió el 17 de abril.

En un primer momento, el entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena, negó que la madre y el padre de Ana María hubieran pedido un aborto terapéutico. La mentira quedó en evidencia cuando se conoció la historia clínica de la joven. Le costó el cargo. Allí dice textualmente: “Se habla con la familia, padre y madre refieren querer realizar aborto, se habla con el director en presencia de los mismos y se les explica que no se puede realizar de ninguna manera. Familia muy agresiva, amenazando que va a recurrir a la Justicia”, dice el parte, fechado el 22 de marzo de 2007.

Ana María apenas había podido ir a la escuela primaria y trabajaba como empleada doméstica. A los 16 años había parido al primero de sus tres hijos. Antes de recibir el diagnóstico de cáncer, su madre –como ella era menor– había iniciado los trámites para que le hicieran una ligadura tubaria. “Tenía todos los papeles firmados, pero en el hospital de Vera no se la quisieron hacer”, recordó la mamá de Ana María. A la muchacha le negaron el derecho a elegir el método anticonceptivo elegido y también el acceso a un aborto terapéutico, no punible de acuerdo con el Código Penal. Su historia y su nombre son un emblema para el movimiento de mujeres argentino.