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La decisión de la Corte Suprema de suprimir el 15 por ciento de la precoparticipación a la Anses deja a la Seguridad Social desfinanciada y pone en peligro no sólo continuar con la inclusión jubilatoria, sino que afecta la movilidad, compromete el poder de compra de los jubilados y pensionados, los beneficiarios de la asignación universal y el Progresar.

El artículo 76 de ley 26.078, cuestionado por el alto tribunal, fue votado por 153 votos a favor con sólo 28 en contra, más de los dos tercios de la Cámara. Los recursos de la seguridad social se distribuyen en todas las provincias y es un modelo de inclusión que permite a los sectores más vulnerables de la sociedad estar contenidos, llámese niños, niñas, adolescentes, personas adultas, embarazadas y discapacitados.

La sentencia con sólo tres votos a favor, incluido el del doctor Fayt, atenta contra el concepto redistributivo de la seguridad social y le ordena a la Nación no sólo devolver el dinero a las provincias que los beneficiarios volcaron en las economías de las provincias, sino le sugiere a la Anses que use el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar semejante dislate, generando zozobra en la población sobre la posibilidad de seguir percibiendo los beneficios y la movilidad semestral.

La pérdida del 15 por ciento de la precoparticipación representa para el presupuesto 2015 cerca de 100.000 millones de pesos, un porcentaje cercano al 18 por ciento de los recursos corrientes del organismo.

Esta decisión merece que pongamos atención en los siguientes puntos.

- La movilidad de marzo de 2016 y las sucesivas van a ser por primera vez inferiores a la inflación (pública o privada) porque la fórmula que la determina compara los recursos del año anterior con los actuales.

- Para pagar la deuda que reclaman las provincias, superior a 200.000 millones de pesos, es posible que propongan vender las acciones que el Estado tiene en las empresas privadas, objetivo que los propios funcionarios del gobierno entrante reclamaron varias veces.

- La caída de recursos que se prevé va a atentar contra la posibilidad de seguir pagando las sentencias que este año superaron las 45.000.

- La ley de inclusión jubilatoria termina el 19 de septiembre de 2016, el desfinanciamiento del sistema puede ser la excusa para que las mujeres y los hombres que lleguen a la edad jubilatoria y no tengan los aportes necesarios, no puedan jubilarse como en la actualidad.

- Por último, voceros de los sectores privados que se expresan en los medios dominantes han empezado a sugerir que es necesario repensar el sistema jubilatorio, porque en estas condiciones está desfinanciado.

* Diputado nacional, vicepresidente de la comisión de control del FGS.