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En el equipo económico dicen que la próxima semana será crucial para la marcha de la economía. Jugado a suerte y verdad frente al dólar, el Gobierno volverá a ser examinado por el FMI. En diálogo con Página/12, un estrecho colaborador de Jorge Remes Lenicov contó cuál será la estrategia del Palacio de Hacienda para conseguir el apoyo financiero del Fondo Monetario. Durante el fin de semana largo, el ministro intentará convencer a Eduardo Duhalde y a los gobernadores sobre la necesidad de firmar un nuevo Pacto Fiscal con las provincias, el cual contemple un fuerte ajuste del gasto y el compromiso de dejar de emitir bonos como cuasimonedas. Esa es la principal condición impuesta por el organismo multilateral para enviar dólares a la Argentina.
Mario Blejer, presidente del Banco Central, fue el receptor de las renovadas exigencias del FMI. Blejer pasó esta semana en Estados Unidos. En Washington mantuvo extensas reuniones con la plana mayor del Fondo, el Banco Mundial y el BID. “Técnicamente, el acuerdo ya está cerrado. Ahora falta la decisión política del gobierno argentino”, señaló a este diario un miembro del equipo de Remes. El funcionario se refería a la ofensiva que debería lanzar Duhalde para arrancarles a los mandatarios del interior la promesa de un ajuste mayúsculo –que básicamente debería traducirse en despidos masivos en la administración pública– y la suspensión en la emisión de bonos. La aspiración de máxima del Gobierno es cerrar trato con los gobernadores durante el feriado para blandir el éxito no bien aterrice la misión del Fondo. La primera avanzada de técnicos llegará el martes. Días después lo hará el indio Anoop Singh.
En Economía reconocen la dificultad para realizar mayores ajustes en las economías provinciales. Pero se entusiasman con que, a cambio, el FMI desembolse no sólo los 9 mil millones de dólares para pagar los vencimientos de la deuda con el propio organismo, sino que también contribuya con fondos frescos para acrecentar las reservas del Central, dotando de mayor certidumbre al mercado cambiario. Incluso, en el Palacio de Hacienda arriesgan una fecha en la cual podría rubricarse el postergado acuerdo: entre el 20 y el 30 de abril. Si todo marcha bien, y las negociaciones se encarrilan, los funcionarios se ilusionan con un dólar que baje a una banda de entre 2,20 y 2,40.
El problema con el FMI radica en que, desde el estallido de la crisis, fue corriendo la meta que debía alcanzar el Gobierno para conseguir los fondos. Primero dejó trascender que alcanzaría con la sanción del Presupuesto 2002 y un ajuste fiscal en las provincias. Pero una vez lograda la premisa, Horst Köhler y Anne Krueger fijaron un nuevo objetivo: la liberación del tipo de cambio. Remes accedió y borró el cambio fijo a 1,40 impuesto a principios de enero aun a costa de tener que lidiar diariamente con el mercado. Pero tampoco alcanzó para liberar el dinero salvador. Ahora, y después de sincerar las proyecciones económicas para este año, Blejer trae en su portafolios la nómina de condiciones.
La lista es conocida: la modificación de la última Ley de Quiebras y la derogación de la ley de Subversión Económica figuran entre los últimos condicionamientos. También el mantenimiento de la libre flotación del dólar (en contraposición del deseo de sectores del Gobierno y del radicalismo que propician una vuelta a la convertibilidad). Y una emisión de pesos bajo estricto control. Respecto de este último tema, tanto en Economía como en Washington existe gran preocupación por el drenaje desde el corralito, de entre 110 y 150 millones de pesos diarios que presionan sobre el tipo de cambio. Por tal motivo, en forma informal, desde el FMI sugieren que el Ejecutivo llegue a un acuerdo político con la Corte para evitar que se hagan efectivos los reclamos de amparos judiciales por el corralito.
Pero, sin dudas, el principal requisito impuesto por el Fondo es la sanción de un nuevo Pacto Fiscal con los gobernadores. Si bien el cambio en la relación fiscal entre la Nación y las provincias forma parte de un reclamo histórico del organismo internacional, en Economía aseguran que esta vez el tema será decisivo para la firma del acuerdo. “Más que medidas económicas, la Semana Santa se caracterizará por una importante movida política para armar el acuerdo con los gobernadores”, señaló la fuente a Página/12.
No debe olvidarse que el último acuerdo fiscal con los mandatarios del interior fue firmado con toda la pompa hace poco más de un mes. Ese pacto incluyó el compromiso para reducir el déficit fiscal provincial en un 60 por ciento. “No es suficiente. Debemos demostrar que este gobierno es serio y puede diseñar una economía viable”, justificó el funcionario, pidiendo reserva de su nombre.
Respecto de la emisión de bonos, las provincias envían señales divergentes. Formosa, por caso, anunció ayer un plan de rescate de sus títulos. En medio de la cruda realidad, donde los bonos provinciales compensan una parte de la debacle económica, dará comienzo una nueva pulseada entre el gobierno nacional y el interior.