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Quienes lo vieron ayer en Tribunales afirman que estaba “mansito”. Quizá Domingo Cavallo presentía que el trago amargo de tener que seguir recorriendo juzgados sería matizado con una buena noticia: dos de los jueces que lo tienen como imputado en sendas causas lo autorizaron a salir del país. El ex ministro de Economía acudió ayer al edificio de Comodoro Py para ser indagado por el juez Juan José Galeano, acusado de presunta malversación de fondos. Cavallo habría autorizado en 1993 la “asignación indebida” de fondos reservados a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que en ese momento conducía Alberto Lestelle, citado a indagatoria para el 3 de abril. El ex ministro admitió el traspaso de fondos, pero trató de explicar esa decisión argumentando que estaba amparado legalmente para hacerlo. “Mucho no justificó pero tenemos que seguir escuchando a otra gente”, comentó a Página/12 una fuente del caso.
Llegó a las 11.25, casi media hora más tarde del horario fijado, e ingresó por una puerta lateral en medio de un importante dispositivo de seguridad del que participaron la Policía Federal y la Gendarmería. Durante dos horas, en una audiencia formal y sin sobresaltos, y con la asistencia de su defensor Eduardo Oderigo, Cavallo brindó a Galeano su versión de los hechos, y el “sustento técnico” y “normativo” que según su criterio le permitía tomar la decisión de asignar esos fondos a la secretaría de Lestelle. Fuentes judiciales relataron a Página/12 que en primer lugar lo hizo con un escrito, y luego aceptó someterse al interrogatorio del juez, quien también formuló las preguntas de los fiscales que no asistieron a la declaración. Tras admitir la existencia de esa erogación, Cavallo adujo que derivó el asunto a las personas que debían dar cuenta de su resultado y que ellas conocían las leyes vigentes y su eventual quebrantamiento.
La causa se originó cuando un estudiante universitario, Martín Scotto, denunció que el ex ministro habría cedido 1,8 millón de pesos de su cartera para afectarlos a los fondos reservados de la secretaría. El organismo había solicitado una suma superior a ese monto al Congreso nacional, pero los legisladores se negaron a incluir esa previsión presupuestaria. La cesión de fondos, que también habrían sido derivados a otras áreas como el Ministerio del Interior y la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue aprobada mediante el decreto 2760/92 firmado por el ex presidente Carlos Menem. El expediente estuvo en el Juzgado Federal Nº 6 entre 1995 y 1999. A principios de 2000 el magistrado delegó la investigación en los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler, quienes en octubre pidieron la indagatoria de los ex funcionarios menemistas.
A las 13.35 abandonó los Tribunales con una maniobra distractiva, que incluyó la utilización de varios vehículos, para evitar el contacto con la prensa. Sin embargo, en su rostro llevaba una sonrisa porque tanto Galeano como el juez Jorge Ballestero lo autorizaron a viajar a los Estados Unidos el 5 de abril para participar de una serie de conferencias rentadas. Los fiscales van a apelar esa decisión de los magistrados. Falta saber qué actitud tomará al respecto el juez Julio Speroni, que lo indagará el próximo miércoles por contrabando de armas a Croacia y Ecuador.