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Si la llamada ley cerrojo –cuya autoría se atribuye a Roberto Lavagna y que acaba de ser aprobada por el Congreso– tiene el propósito, como arguyen sus propagandistas, de que los acreedores se convenzan de que la cosa va en serio y de que no pueden especular con que el gobierno argentino mejore su oferta para el canje de bonos de la deuda, estamos en verdad frente a una paradoja.
En efecto, el gobierno de Néstor Kirchner podría haber obtenido al principio de las negociaciones el aval institucional que ha buscado sólo en sus postrimerías. Así podría haber sucedido si en lugar de emplear la mayoría oficialista en las cámaras para obtener la delegación de facultades extraordinarias hubiera tolerado el funcionamiento de los poderes del Estado que prescribe la Constitución nacional.
Claro que ese procedimiento, el de la república democrática consecuente con sus propias instituciones, habría forzado al Gobierno y a sus leales a sostener un debate que preferían no dar y a intentar rebatir posiciones que prefirieron ignorar.
Los socialistas, por ejemplo, habríamos sostenido junto a otras fuerzas de izquierda y democráticas que ningún arreglo de la deuda podía pasar por alto el hecho, fundamentado en el conocido fallo del juez Jorge Ballestero, de que una proporción sustancial de esa deuda es fraudulenta y por lo tanto pasible de ser repudiada sin quebranto alguno del derecho internacional. Ella fue contraída –nunca está de más recordarlo– por un gobierno dictatorial cuya gestión financiera y administrativa fue no sólo rechazada sino además fulminada como carente de validez jurídica por sendas leyes dictadas por el Congreso en 1984.
Habríamos cuestionado también la decisión de privilegiar como acreedores a los organismos multilaterales de crédito, particularmente al FMI, al que se ha señalado una y otra vez, con justicia, e incluso por parte del propio gobierno de Kirchner, como uno de los principales responsables de los vicios de origen del endeudamiento argentino. Tal vez se hubiera podido así evitar, al menos en parte, otra paradoja: que mientras se impugna la perniciosa obra del FMI y se la culpa en gran medida por la tragedia argentina, se hayan pagado al organismo nada menos que diez mil millones de pesos durante la gestión del presidente Kirchner. Ningún otro gobierno le ha pagado tanto.
Lo cierto, además, es que cuando el canje de bonos haya concluido, el endeudamiento seguirá pesando como una lápida sobre la sociedad argentina. Y la desigualdad y la injusticia la seguirán azotando, en medio de la euforia oficial. Aunque parezca otra paradoja.

* Presidente del bloque socialista.