Dos semanas después del anuncio, el Gobierno puso en marcha el plan de Seguro de Capacitación y Empleo. Carlos Tomada, ministro de Trabajo, lo hizo con una presentación ante empresarios e intendentes del conurbano, que salieron del encuentro dando un fuerte apoyo a la medida. La idea es que los beneficiarios puedan adherir a la iniciativa a partir del 1º de abril.

El plan está destinado a desocupados que son beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar. El objetivo central es que, mientras perciban la cobertura económica, la gente pueda capacitarse para lograr reinsertarse en el mercado laboral. El cambio en la calidad del servicio que se le presta al desempleado va acompañado de un aumento de 75 pesos en la mensualidad que cobran los beneficiarios, que pasará de 150 a 225 pesos.

Bien temprano por la mañana, los empresarios visitaron a Tomada en su despacho para interiorizarse de la ejecución del programa. A la salida hubo una aprobación generalizada. Gustavo Grobocopatel, gerente del grupo agrícola Los Grobo, ofició de vocero del encuentro: “A todo el mundo le causó una buena impresión. Estamos en el camino correcto”, manifestó el ingeniero. Entre los empresarios estuvieron también Enrique Pescarmona (IDEA), Jorge Brito (Adeba) y Alberto Alvarez Gaiani (Copal).

La satisfacción de los empresarios se debe a que en muchos sectores de la economía se nota cada vez más la falta de capacitación a todo nivel. Hay escasez de operarios especializados, de técnicos y también de ingenieros. Las empresas sienten cada vez más ese déficit ya que les pone un techo a las posibilidades de expansión. Por ese motivo, los grandes grupos económicos están haciendo inversiones en capacitación de empleados suyos y de aspirantes.

El Gobierno también tomó nota de esta situación, y ahora les dio prioridad a los desempleados menores de 30 años. Hacia ellos van dirigidos estos nuevos planes, aunque no exceptúa a los mayores. De acuerdo con los datos oficiales, la tercera parte de los desocupados ni siquiera cumplió los 25 años. “Este plan pone bien en foco el problema de la falta de oferta laboral calificada”, señaló Grobocopatel.

El compromiso asumido ayer por los empresarios fue que una vez que el Estado avance en la capacitación y las compañías empiecen a tomar personal, después empalmen con lo que se venía haciendo y continúen con esa prestación. Como contrapartida, el Estado transferirá el dinero del subsidio a la cuenta del trabajador. En los hechos, le significará una remuneración adicional a la que abone el empresario.

La participación de los intendentes también será decisiva. Las Oficinas de Empleo Municipal tendrán a su cargo la búsqueda de empleo. No sólo eso. Un grupo de especialistas deberá orientar y organizar prácticas con los aspirantes a encontrar trabajo. Por la tarde visitaron a Tomada una docena de intendentes, como Julio Pereyra (Florencio Varela); Juan Mussi (Berazategui) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

Según la expectativa oficial, con este seguro se espera insertar gente en distintas actividades del sector productivo: unas 25 mil personas en actividades de la industria, la construcción y en la agricultura. Estiman que también será importante la absorción de personal en la actividad pesquera, una de las más dinámicas.

Para este año, en Trabajo prevén la participación de 245 mil personas en las distintas fases del programa: inserción laboral, práctica laboral y formación y certificación de estudios básicos y formación profesional. En la presentación del proyecto, Tomada aseguró que se prevé incorporar al seguro a unas 500 mil personas. La iniciativa tiene carácter voluntario y el plazo de permanencia es de hasta dos años.