Una de cal, una de arena, otra de cal, tres funcionarios judiciales de San Isidro –un juez y dos fiscales– repartieron culpas entre las partes involucradas en la polémica generada en torno de la investigación sobre el robo al Banco Río de Acassuso. “Los ingleses dicen que lo más importante es que los jueces tengan sentido común. Y si saben derecho, mucho mejor”, ironizó ante Página/12 uno de los fiscales consultados. Un colega suyo consideró, en forma coincidente, que el juez Rafael Sal Lari “más allá de su ideología garantista, debería haber tomado en cuenta algunas pruebas que parecen fundadas” para ordenar “algunas medidas urgentes que podrían haber acelerado el esclarecimiento de la causa”. Las tres fuentes, a cambio de mantener sus nombres en reserva, explicaron qué se juega cada uno en este caso y analizaron la nueva pelea en uno de los distritos más conflictivos del Poder Judicial bonaerense. El juez que aceptó dialogar con este diario señaló que, con la polémica pública, “se enrarece más un caso complicado cuya resolución favorable es central para restablecer la confianza en la Justicia”. Todos proponen “diálogo y sentido común”.

Los tres funcionarios opinaron que Sal Lari “es un hombre honesto y con fuertes convicciones”, aunque creen que “es posible que se haya equivocado” en algunas decisiones, sobre todo en las que podrían haber llevado a la detención de dos personas que llevaban 158 mil dólares en un cochecito de bebé –habían salido del domicilio en el que estaba refugiado el principal sospechoso, el “ingeniero” Sebastián García Bolster– o cuando se frustró la detención del supuesto cabecilla de la banda, que pudo salir del país. Uno de los fiscales se ubicó “en las antípodas de la ideología” garantista del magistrado a cargo de la causa y cuestionó “varias decisiones en otras causas, donde dejó en libertad a personas que, a mi entender, deberían estar presas”. La fuente eludió hacer mención expresa de esos casos, pero se refirió a la actuación de Sal Lari en la investigación del crimen de Diego Garay, amigo de Juan Carlos Blumberg.

“Más allá de lo que pueda decirse de Blumberg (el padre de Axel dijo que el juez era “de terror”), lo cierto es que en este caso, Sal Lari desistió del pedido del padre de la víctima para que intervinieran su teléfono para tratar de ubicar a las personas que tenían a su hijo. Si bien no hubiera servido para evitar lo peor, porque Garay ya había sido asesinado, creo que fue un error. El juez alegó que intervenir el teléfono era una invasión a la intimidad, cuando era el propio titular del derecho el que lo solicitaba. Hay que apelar al sentido común y escuchar lo que dice la lógica”, opinó el fiscal 1.

Los tres funcionarios recordaron que Sal Lari es un juez “muy joven” (tiene menos de 40 años), que asumió el cargo en octubre del año pasado y al que todavía “le falta un poco de experiencia, aunque tiene una muy buena formación jurídica”. En el Departamento Judicial de San Isidro, la opinión generalizada es que se trata de “un hombre honesto, con convicciones, diferente a otros jueces polémicos, como Juan Mackintach (hoy retirado), que muchas veces rechazaban el pedido de los fiscales casi por principio y porque tenían una formación que los llevaba a pensar que ellos eran los responsables de conducir la investigación, sin tomar en cuenta la reforma que le otorgó esa función a los fiscales”, dijo el fiscal 2.

De todos modos, tanto los dos fiscales como el juez sostuvieron que es también criticable la presión que ejerce sobre Sal Lari el Poder Ejecutivo a través del ministro de Seguridad, León Arslanian, “sobre todo tomando en cuenta que se trata de un hombre que viene del Poder Judicial”, resaltó el magistrado que habló con este diario. “Hablando en criollo, hay que tomar en cuenta que el robo al Banco Río es la tocada de culo más grande de la historia sufrida por la Policía Bonaerense. Esto hace que la presión sea mayor, pero también debe hacer pensar al juez que las pruebas aportadas por los investigadores tienen que estar orientadas hacia el esclarecimiento de la verdad. No pueden permitirse un nuevo traspié. Ya no pueden hacer, como en otros casos, que se detenga a cualquiera y que cuando se llegue al juicio oral, todos queden en libertad por falta de pruebas. Total, a esa información los medios le dan un espacio muy pequeño. Ahora no pueden fracasar”, insistió el fiscal 1.

Los dos integrantes del ministerio público cuestionaron a sus propios colegas: “El juez puede estar equivocado o no, pero para contrarrestar sus decisiones es inútil presentar recursos que se sabe de antemano que serán rechazados por cualquiera de las salas de la Cámara de Apelaciones.”

Los fiscales opinaron que “lo único que sirve, siempre, es seguir investigando y utilizar la inteligencia para que las pruebas sean convincentes y lograr que el juez cambie su posición. De lo contrario, es una pelea entre nosotros que no sirve para nada y que nos retrotrae a situaciones ocurridas en San Isidro antes del año 2000, cuando se desató una ‘guerra’ entre jueces y fiscales. Nunca se había llegado a una situación de enfrentamiento como la de hoy, ni siquiera en el caso García Belsunce, con la controversia entre el fiscal (Diego) Molina Pico y el juez (Diego) Barroetaveña. Y eso no sirve para nadie. No es una pelea entre fiscales buenos y jueces malos. Los malos son los delincuentes”.