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El asesinato del coordinador del programa de gobierno del izquierdista opositor Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Celso Daniel, movilizó ayer a la clase política y la sociedad de Brasil y puede tener consecuencias en las elecciones generales de octubre próximo. “El grado de violencia y arrogancia de los asaltos y secuestros requiere una acción enérgica de todos. Por encima de partidos, creencias y posiciones sociales, es necesaria la unión de todos por la paz y contra la violencia”, declaró el presidente Fernando Henrique Cardoso, en un comunicado oficial.
Celso Daniel era alcalde del industrial municipio de Santo André del área metropolitana de San Pablo, y uno de los hombres de confianza del líder del PT y candidato favorito a la Presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Daniel, de 50 años, fue secuestrado el viernes de noche cuando el vehículo blindado en el que viajaba fue interceptado por ocho hombres en una calle de San Pablo, y su cuerpo fue encontrado ayer sin vida, acribillado a balazos, muchos de ellos en el rostro. El vehículo pertenecía a un empresario que se había ofrecido a llevarlo a su casa; tanto el empresario como el chofer fueron liberados inmediatamente por los raptores antes de huir con su presa. Geraldo Akcmin, gobernador del Estado, informó que un presunto secuestrador intentó negociar la libertad del alcalde a cambio de la transferencia de presos, pero que las conversaciones terminaron al descubrirse el cadáver.
La policía investiga dos hipótesis sobre el homicidio: secuestro con fines financieros –un delito que ha sensibilizado a la sociedad brasileña y que ha aumentado un 300 por ciento en el último año en San Pablo–, o la represalia política, ya que se trata del quinto dirigente del PT víctima de acciones de violencia. Quince alcaldes del PT en San Pablo recibieron amenazas de muerte por carta el pasado año, firmadas por una organización desconocida que se identificó como FARB (Frente de Acción Revolucionaria Brasileña). En setiembre fue asesinado el alcalde de Campinas (a 70 kilómetros de San Pablo), Antonio da Costa. Otros dos alcaldes y un concejal sufrieron atentados el último año. En todos los casos se desconoce si fue por motivos políticos o delincuencia.
“Hay una escalada de violencia sin precedentes contra el partido”, afirmó el secretario de Relaciones Internacionales del PT, Aloísio Mercadante, que reveló también haber recibido amenazas. El PT enmarca el asesinato en la ola de violencia en el industrial y rico Estado de San Pablo, donde en los primeros nueve meses del 2001 hubo 12.365 homicidios, según datos oficiales. El partido lanzó ayer una campaña nacional contra la violencia y en demanda de nuevas políticas de seguridad, con un acto ecuménico en Santo André al que acudieron varios miles de ciudadanos y la cúpula del PT.
El tema de la violencia se ha convertido en uno de los más sensibles en la política brasileña y la precampaña electoral, y la oposición acusa a los gobernantes del partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en el poder en Brasil y en San Pablo, de no enfrentar el reto. “El asesinato del alcalde de Santo André, Celso Daniel, es la más fehaciente demostración del cuadro de violencia en que se encuentra el país. La barbarie que asume proporciones fantásticas (...) denota la fragilidad de las políticas públicas y la desatención de las autoridades”, afirmó la Orden de Abogados de Brasil.