Desde Madrid

No dejan de llover las malas noticias estos días para las distintas versiones del nacionalismo vasco. Después del duro golpe que le propinó la justicia al proyecto político del presidente del gobierno regional Juan José Ibarretxe, miembro del moderado Partido Nacionalista Vasco, al impedirle que lleve a cabo su referéndum soberanista, ayer el Tribunal Supremo anticipó en Madrid el fallo en el que declara ilegal Alianza Nacionalista Vasca, el partido con el que el entorno de ETA participa en las instituciones políticas locales. La banda separatista intentó ayer realizar un atentado contra un miembro de la Policía Nacional colocándole una bomba lapa en su coche. El agente recorrió diez kilómetros de camino desde su casa, en un barrio residencial de Bilbao, hasta su oficina con el artefacto debajo. Lo detectaron los mecánicos del cuerpo policial porque tuvo que llevar su coche al taller. Es el primer intento de atentado de la banda en la provincia de Vizcaya luego de que en julio se desactivara el comando regional, el más importante que ETA tenía operativo en el País Vasco.

El golpe que le ha propinado al entorno político etarra la decisión del Tribunal Supremo es de gran envergadura. Para hacerse una idea basta con un par de datos: Alianza Nacionalista Vasca consiguió en las elecciones municipales de 2007, 337 concejales en el País Vasco, 100 en la vecina Navarra, un territorio que ETA considera indisolublemente ligado a Euskadi, y dos concejales en municipio del norte de Burgos. Los nacionalistas radicales gobiernan además 42 municipios y en 24 de ellos se habían alzado con la mayoría absoluta por lo que pueden permitirse el lujo de gobernar en solitario sin recurrir a alianzas inestables con otras fuerzas políticas.

El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se congratuló ayer de esta decisión judicial. “Esta decisión de la justicia es un ejemplo más del poder de la democracia –afirmó–, nadie puede estar en las instituciones si representa una sigla que atenta contra estos valores.” Desde el Partido Popular, mucho más moderado desde que Zapatero asumió su segundo gobierno en todo lo que respecta al espinoso tema de la lucha antiterrorista, Mariano Rajoy no dejó ayer pasar la oportunidad de expresar su contento, aunque destacó que su “satisfacción hubiera sido completa si ANV no hubiera estado nunca en las instituciones”. Los populares reprocharon en su momento al Partido Socialista que le hubiera abierto la puerta legal al entorno político etarra al mismo tiempo que se llevaban a cabo las fallidas negociaciones de paz con la banda armada.

Mientras se espera ahora que el Tribunal Supremo decida también sobre la legalidad del Partido Comunista de las Tierras Vascas, la última cáscara legal que le queda a ETA en las diputaciones regionales, el Partido Nacionalista Vasco criticó ayer la decisión del máximo órgano judicial español. La portavoz del gobierno regional Miren Azkarate rechazó el fallo afirmando que no ayudará a traer la paz y lo consideró un producto más de la “espuria ley de partidos”, la legislación aprobada en tiempos de José María Aznar con la que el estado español le dio el golpe de gracia al entorno político independentista. El PNV siempre rechazó que se dejara a los simpatizantes de ETA fuera del juego político a pesar de la evidente contradicción que representa el hecho de que el grupo separatista se termine financiando con el dinero público que obtienen en muchos casos sus representantes electos. Con el rechazo de ayer el PNV sólo trata de disimular el mal momento que vive la formación nacionalista moderada luego de que fracasara también judicialmente su plan de llevar a cabo un referéndum soberanista. En la próxima primavera se realizarán elecciones en el País Vasco y por primera vez en la historia el Partido Socialista se encuentra a un paso de arrebatarles a los nacionalistas el control del gobierno. Esta perspectiva aterra a la plana mayor de un partido que gobierna la zona desde hace más de un cuarto de siglo y que ahora se mira en el espejo de sus compañeros de ruta catalanes de Convergencia I Unió, quienes luego de perder también a manos del PSOE el gobierno regional se las están viendo muy difíciles para sobrevivir en medio de una realidad política en la que los nacionalismos han perdido la vigencia y la fuerza que tenían hace apenas una década.

En el territorio del nacionalismo radical pro etarra las cosas tampoco están para tirar manteca al techo. La decisión judicial de ayer no sólo los deja fuera de las instituciones, sino que amenaza profundizar la dura crisis que vive todo el sector político que sostiene aún la necesidad de la lucha armada y comparte los objetivos estratégicos de ETA. Los rumores de división cada día son más fuertes dentro del poderoso sector que representan los presos de la organización separatistas que se encuentran repartidos entre las distintas cárceles españolas. Fuentes de inteligencia y de la propia organización política radical coinciden en señalar que cada vez son más los ex combatientes convencidos de que hay que ponerle punto final a un conflicto que ya dura más de cuarenta años y que no conduce a nada. Entre los representantes de la antigua Herri Batasuna, primer e histórico partido político etarra, también afloran cada día estas dudas. El recientemente liberalizado Arnaldo Otegi, ex hombre fuerte de la organización, lo expresó con claridad. “Hay que volver a negociar”, afirmó. El problema es que del otro lado ya no hay nadie que quiera sentarse a la mesa y sólo se espera la rendición incondicional.