La nena mendocina de 12 años embarazada víctima de una violación, presuntamente cometida por su padrastro, seguirá finalmente adelante con la gestación. Tal como adelantó el sábado PáginaI12, el juez de Familia Nº 1 de Mendoza, Germán Ferrer, resolvió rechazar el pedido de aborto no punible presentado dos semanas y media atrás por la madre. Argumentó que la niña expresó que quiere tener a la criatura y que someterla a un aborto afectaría su salud psíquica. El magistrado dio una conferencia de prensa, en la que admitió presiones de grupos “pro vida”, que también hostigaron a la nena en el hospital donde estaba internada: “Yo recibía más de 300 mensajes por día donde me decían que no cometiera un asesinato”, reconoció Ferrer, que por otra parte ordenó al gobierno mendocino que le otorgue a la nena una vivienda, un subsidio, se ocupe de garantizar su educación y también su atención médica.

El juez se tomó dos semanas y media para analizar el pedido de la madre de la niña, que el 29 de agosto solicitó autorización para la práctica del aborto no punible. Pero, según trascendió, en abril había recibido una denuncia de malos tratos contra el mismo hombre acusado de la violación de la niña, presentada por un tío de la nena, hermano de su madre, y en todo ese tiempo no habría hecho nada por protegerla ni a ella ni a sus hermanitos ni a su mamá.

Para decidir sobre el pedido de aborto no punible, Ferrer dio intervención al Comité de Bioética del Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde ordenó que quedara alojada la niña, y también a una comisión ad hoc formada por expertos independientes de distintos ámbitos. El resultado del informe –adelantado por este diario– fue que no se expediría sobre el fondo de la cuestión –si el aborto se encuadraba o no en los criterios de no punibilidad previstos en el Código Penal– debido a que la nena había manifestado en la última semana su decisión de desistir de la interrupción del embarazo. “Luego de analizar toda su situación llegaron a la conclusión de que la interrupción del embarazo podía inducir a un trastorno de personalidad severo, en patologías psiquiátricas irreversibles como la psicosis”, aseguró el magistrado. De todas formas, PáginaI12 pudo saber que los resultados de las pericias no fueron unánimes: profesionales del Juzgado de Familia y del Instituto de la Mujer del gobierno mendocino plantearon que está en riesgo psíquico, ya sea si sigue adelante la gestación como si la interrumpe, por el lavado de cerebro al que habría sido sometida en los últimos días por miembros de grupos fundamentalistas que se colaron en su habitación y, según ella misma le contó al juez, le mostraron y dejaron panfletos con fetos mutilados, con la clara intención de presionarla para que resolviera continuar con el embarazo. En cambio, las pericias del Grupo de Alto Riesgo (GAR), con sede en el Notti, fueron partidarias de evitar el aborto.

Ayer el magistrado anunció su resolución de no autorizar el aborto. Fue la primera vez que accedió a hablar con la prensa desde que trascendió el caso. A su entender, que la nena tenga la criatura –gestado en un abuso sexual presuntamente cometido por el concubino de su madre y padre de sus dos hermanitos pequeños– será el “mal menor” frente al trauma que le puede provocar la intervención médica.

Ferrer confirmó que la tutela sigue en manos de su abuela, después de que se la quitara a la madre, a la que acusó de pedir el aborto para proteger al abusador. Tal como informó este diario, el magistrado ratificó que la abuela siempre estuvo en contra del aborto. Es una mujer de fuertes convicciones religiosas. También dijo el juez que la niña nunca se habría sometido al procedimiento médico sin el consentimiento de ella.

El juez Ferrer ordenó al Ejecutivo provincial que se le garantice a la niña el derecho a la educación para que termine el ciclo lectivo y que tenga apoyo pedagógico para cumplir los objetivos. Además pidió al Ministerio de Desarrollo Social mendocino que en un plazo no mayor a 60 días le consiga una vivienda digna para ella y su familia. También ordenó que tenga un seguimiento y tratamiento psiquiátrico y psicológico a cargo de la Dirección de Salud Mental, antes y después del parto. Y exigió un subsidio que garantice el derecho a la alimentación para ella y su bebé.