Desde Lima

El gobierno peruano se abrió un nuevo frente en la región. A su disputa con Venezuela por el asilo otorgado hace dos semanas al dirigente antichavista Manuel Rosales, acusado de corrupción en su país, ahora se suma su enfrentamiento con el gobierno de Bolivia por la decisión de albergar al ex ministro de Desarrollo Económico de ese país, Jorge Torres Obleas, acusado por la masacre de más de 60 personas, ocurrida en octubre de 2003, durante la represión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada contra las protestas populares que terminaron con la dimisión del ex presidente boliviano y su fuga a Estados Unidos. Otros dos ex ministros de Sánchez de Lozada acusados por esa masacre, Javier Torres Goitia, de Salud, y Mirtha Quevedo, de Participación Popular, también han pedido la protección del gobierno de García para evitar ser juzgados. Esto desató las iras de Evo Morales y gatilló una crisis diplomática entre Perú y Bolivia, dos países históricamente aliados, pero cuyas relaciones se han ido deteriorando por las diferencias ideológicas entre los presidentes García y Morales.

Estos dos casos de asilo han tensado al máximo las relaciones entre el gobierno de García, alineado con el neoliberalismo, y los izquierdistas de Morales y Chávez. “García, que se ha convertido en un fundamentalista de derecha, quiere encabezar un bloque antiprogresista en la región”, le señaló a Página/12 el analista político Alberto Adrianzén. Antes de este episodio del asilo, las relaciones con Bolivia ya venían complicadas por las duras críticas de La Paz al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por Perú con Estados Unidos y a las negociaciones de un TLC con la Unión Europea. A esto se suma que en más de una ocasión García ha criticado públicamente al gobierno de Morales.

Evo Morales no se guardó nada al momento de cuestionar la decisión de Alan García de acoger a Torres Obleas y la posibilidad de extender esa protección a los otros dos ex ministros bolivianos. Lo acusó de “proteger a delincuentes” y calificó la decisión del gobierno peruano de “muy grave” y “una abierta provocación al pueblo boliviano y al gobierno nacional”. “Si Perú concede el asilo estaría cometiendo un grave delito. Hemos revisado las normas del Estado peruano y (el gobierno) no puede albergar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad”, acusó el presidente boliviano, que le exigió al Perú que “expulse a esos delincuentes”. Evo Morales comparó a Alan García con el ex presidente norteamericano George Bush: “Que (Alan García) deje de ser Bush. Antes los delincuentes se escapaban a Estados Unidos, ahí están Sánchez de Lozada y otros de sus ministros; ahora los delincuentes se escapan al Perú, porque el presidente peruano protege a esos delincuentes”. Al referirse a García, Morales lo llamó “chabacano”.

“Se ha extralimitado el presidente Morales al decirle al Perú cómo debe actuar”, replicó el canciller peruano, José Antonio García Belaunde. El jefe de la diplomacia peruana evitó referirse a los graves cargos contra los tres ex ministros bolivianos y se limitó a señalar que “la decisión de otorgar asilo es soberana”. Por su parte, el vicepresidente Luis Giampietri, un almirante en retiro acusado por violaciones a los derechos humanos, calificó las críticas de Morales como “una intromisión inaceptable”. “Que antes de llamar chabacano al presidente García se mire él (Morales) al espejo. Morales no conoce el idioma castellano”, disparó Giampietri, con un tono racista, contra el presidente indígena de Bolivia. Consultado por este diario, el congresista oficialista Luis Gonzales Posada, ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Alan García (1985-90), también atacó duro al presidente boliviano: “Evo Morales es un gatillero político. Lo que diga Evo Morales en este tema no va a afectar en nada la decisión que tome el Perú sobre el asilo a estas personas. Me cuesta mucho creer que ellos sean realmente responsables de las muertes ocurridas en una represión en la que no estuvieron presentes”. En diálogo con Página/12, Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), calificó como “inaceptable” otorgarles asilo “a personas procesadas por delitos de lesa humanidad”. “Esta decisión es preocupante y es una señal negativa para los tribunales peruanos que están juzgando casos de violaciones a los derechos humanos. Bolivia podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado rechazando toda medida que impida la investigación y juzgamiento de delitos de lesa humanidad”.