“Me equivoqué en todo, pido que me perdonen”, dijo Armando L., el mendocino acusado de haber violado a una de sus hijas durante 27 años y haber engendrado así a los 7 hijos de ella, niños que ahora tienen entre 2 y 19 años. El pedido fue realizado ante la prensa, a la salida de la indagatoria en la que “se abstuvo de prestar declaración”, como informó el titular de la fiscalía Nº 2 de Mendoza, Marcelo Gutiérrez del Barrio. Armando L. había sido trasladado al tribunal en la mañana desde la sede de Contraventores, con custodia, a cara descubierta y luego de que se diera a publicidad su nombre. Se pudo ver que el acusado tiene el cabello cano y bigotes. El director de Investigaciones de la policía mendocina, Juan Carlos Calleri, señaló que “es importante que todos conozcamos qué persona es la que pueda cometer hechos de esta naturaleza”. Poco antes, el ministro de Seguridad provincial, Carlos Ciurca, había iniciado la controversia (ver aparte) al indicar que “hemos querido que la población de Mendoza y la del país conozca la cara de este hombre”.

Sin embargo, la causa penal en la que Armando L. está “imputado por abuso sexual agravado por el vínculo, con acceso carnal, en número indeterminado de hechos en concurso real” (la precisión corresponde al fiscal), recién comienza. Trascendió que podría haber cometido abusos también contra otras de sus hijas (tiene en total 21 hijos, de tres mujeres diferentes, una de ellas, la víctima que radicó esta denuncia). El acusado se encuentra en un sector especial de la Penitenciaría Provincial de Boulogne Sur Mer, para prevenir posibles ataques por parte de otros internos. Los exámenes de ADN a distintos integrantes de la familia ya han sido pedidos. De confirmarse la acusación, el fiscal también investigará el posible encubrimiento de los hechos por parte de la madre de la víctima, de 56 años, que es oficial de Justicia.

Los detalles que van saliendo a la luz impactan como “un balde de agua fría”, declaró a Página/12 la senadora Alejandra Naman (ARI), abogada especializada en derecho de familia y pieza clave a la hora de propiciar la realización de la denuncia. “Obviamente, la sociedad está conmocionada con esta cuestión”, continuó la legisladora, que se enteró del caso en octubre del año pasado. “Me llegó a través del presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, Ricardo Puga, que fue contactado por un periodista, a quien un hermano de la víctima había pedido orientación. Puga me convocó a mí, que como abogada trabajé mucho en derecho de familia. A medida que escuchaba el caso... me resistía a pensar que pueda pasar, que exista algo de una gravedad tan enorme, tan terrible... Cuando Puga me explicó todo, lo primero que le dije es que no tome estado público de inmediato, para evitar que, por un lado, si era mentira, se estigmatizara a los chicos por nada. Y si era verdad, para evitar que se escapara este hombre. Además, como éstos son delitos de instancia privada y la madre de la víctima es oficial de Justicia provincial, la cuestión se complicaba.”

Una vez que el caso hubo llegado a Puga y Naman, se radicó una denuncia en un juzgado de familia, donde “fue dificultoso avanzar porque hay niños en el medio y no se puede hacer fácilmente el pedido de examen de ADN cuando no hay petición de parte”, es decir, cuando la propia víctima no lo solicita. Hasta entonces, la hija de Armando L. no había formalizado su denuncia, lo que imposibilitaba la acción penal. Luego, la causa recayó en el Juzgado de Familia 5º, a cargo de Elsa Galera, y poco después la víctima formalizó la denuncia al ratificar la acusación.

Puga señaló que “además otras hijas de él, que una está en España y otra en otro lugar, también fueron víctimas de acoso por parte de este señor y se tuvieron que ir de la casa. La vida que llevaron dentro de esa casa fue de temor, amenaza, de presiones y hasta con armas”.

Trascendió que el hermano de la víctima habría realizado denuncias anónimas desde hace años. “Entre octubre y el viernes pasado, hubo cosas que hicieron que la víctima pudiera vencer el miedo, la vergüenza y el sentimiento de culpa y reconociera la situación. Una vez que eso se reconoce, lo que siguió fue un trabajo que duró poco pero sirvió para que ella advirtiera que su historia podía replicarse en la vida de su hija adolescente. Ahí fue que la víctima hizo la denuncia”, contó a este diario Naman. Al comenzar las violaciones, la mujer tenía 8 años; dio a luz el primer hijo engendrado por su propio padre a los 17; ahora tiene 35.