El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó ayer el portal de Internet Memorias Reveladas, un banco de datos con documentos de la dictadura que duró desde 1964 hasta 1985. “Prestaremos un servicio a la democracia brasileña cuando consigamos revelar algunos misterios que persisten en nuestra historia”, dijo el presidente Lula, al defender “el derecho a la verdad y a la memoria”. El portal, que es parte del Archivo Nacional, incluirá documentos públicos en poder de los gobiernos de los estados y hasta de universidades. Sin embargo, los familiares de las víctimas de aquella época aún reclaman acceso a los archivos secretos de las fuerzas armadas y el debate sobre si el Estado podría procesar a los torturadores sigue abierto.

El presidente también presentó un proyecto de ley para garantizar el acceso a la información pública. “Las dos iniciativas acaban con la cultura del secreto de Estado”, celebró la jefa de gabinete, Dilma Rousseff, una ex guerrillera que fue torturada y que ahora es la candidata de Lula para sucederlo en las elecciones de 2010. En el mismo sentido, el mandatario brasileño explicó que el proyecto de ley busca terminar con un viejo argumento que aún siguen esgrimiendo los militares. “Las instituciones del Estado no pueden ocultar violaciones de derechos humanos, incluso por cuestiones de seguridad nacional”, reclamó.

Pero las ONG de derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura le reclaman más al gobierno. Quieren que abra los archivos ultrasecretos de las fuerzas armadas que podrían aclarar el paradero de 200 desaparecidos. “El portal Memorias Reveladas es un avance, facilitará la consulta, pero precisamos más, lo que nos interesa realmente son los archivos militares. La ciudadanía brasileña precisa conocer y ésa es una deuda del actual gobierno, compuesto por el presidente Lula y varios ministros que fueron víctimas de la dictadura”, dijo Jair Krikchke, de la ONG Justicia y Derechos Humanos.

“Nosotros esperamos la apertura de los archivos secretos de la marina, el ejército, la aeronáutica y la Policía Federal”, coincidió la directora de la ONG Tortura Nunca Más, Victoria Grabois, familiar de desaparecidos. “Brasil es el país más atrasado en aclarar lo que ocurrió durante la dictadura. Todos los países en la región avanzaron más”, agregó Grabois.

Al acto de lanzamiento del portal fue invitado el principal líder de la oposición, el gobernador de San Pablo, José Serra, quien se exilió en Estados Unidos y Chile durante la dictadura. Después de la ceremonia, el dirigente socialdemócrata pidió a la Cancillería brasileña abrir los archivos del período de facto, iniciado con el derrocamiento del presidente constitucional Joao Goulart en 1964. “Los archivos de Itamaraty sobre la represión deberían ser abiertos”, reclamó Serra.

Mientras la Cancillería no respondió al reclamo del opositor, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, rechazó los pedidos de los defensores de derechos humanos y repitió el mismo argumento que dan hace dos décadas los militares. “Los archivos de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas fueron quemados antes del fin de la dictadura”, reiteró el funcionario.

El nuevo portal fue lanzado en un momento en que la máxima Corte del país deberá decidir si Brasil reinterpreta la Ley de Amnistía de 1979 y procesa a los torturadores, posición que defendieron los gremios de abogados y jueces, pero que no parece tener eco en el tribunal supremo, tradicionalmente más conservador. La Ley de Amnistía, que perdonó en 1979 a quienes cometieron “crímenes políticos y conexos” durante los años de gobierno militar, permitió el retorno de los disidentes y liberó de juicio a los represores.

Además de no tener eco en la Corte Suprema, una posible reinterpretación de la amnistía fue fuertemente rechazada por las fuerzas armadas, lo que terminó de convencer a Lula de que era preferible evitar una polémica pública sobre el tema. Mientras su ministro de Justicia, Tarso Genro, sigue reclamando públicamente una revisión y un debate público sobre la ley, el mandatario y su delfín, Rousseff, no comentan sobre el tema.

El movimiento en favor de la revisión de la Ley de Amnistía tomó fuerza desde que el gobierno del presidente Lula publicó en 2007 el libro Derecho a la Memoria y a la Verdad, el primer texto oficial que reconoce la responsabilidad del Estado en los crímenes de la dictadura y que recupera la historia de más de 400 militantes políticos desaparecidos y fallecidos víctimas de la dictadura. En un acto de rebeldía que sorprendió al mismo Lula, la cúpula militar rechazó la publicación y demandó una rectificación. El mandatario no modificó ni una coma, pero tampoco sancionó a los jefes castrenses que públicamente negaron el terrorismo de Estado y las cientos de víctimas que dejó.