Desde Londres

No ocurría desde que Sir John Trevor renunció bajo cargos de corrupción en 1695, pero hasta en Gran Bretaña se rompe de vez en cuando con la tradición. En medio del escándalo por el sistema de dietas y gastos parlamentarios, el presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, anunció ayer que dejaría su cargo el 21 de junio “en aras de la unidad”. El gran enigma es si esta renuncia bastará para contener la vertiginosa erosión de confianza en la clase política británica.

En un intento de ponerle fin a la crisis, el primer ministro Gordon Brown indicó que todos los diputados laboristas que hubieran abusado del sistema de gastos parlamentarios no representarían al partido en la Cámara de los Comunes o el gobierno. En un sentido similar se pronunciaron el líder de los conservadores, David Cameron, y el de los Liberal Demócratas, Nick Clegg. Los conservadores subieron la apuesta diciendo que la única salida para la crisis era la disolución del Parlamento y una elección anticipada, pero analistas políticos coinciden en que esto es altamente improbable. Por la noche trascendió que los tres partidos habían llegado a un acuerdo para un sistema interino reformado de gastos parlamentarios en una reunión presidida paradójicamente por el mismo Michael Martin.

El escándalo, que comenzó con cuentagotas hace un par de meses con revelaciones sobre la ministra del Interior, Jaqui Smith, estalló con toda su fuerza hace 10 días, cuando el matutino conservador The Daily Telegraph comenzó a publicar datos sobre los gastos de los legisladores, comenzando por los ministros del laborismo. La información se encontraba en un CD de la dependencia a cargo de la supervisión de gastos, y su publicación continuó día a día, salpicando a todos los partidos. Gastos dudosos, equívocos o virtualmente deshonestos sacudieron a la opinión pública. En algunos casos las revelaciones pueden derivar en una investigación policial por fraude. En otros se trataba de un intento de maximizar el dinero a través de todo tipo de reclamos, desde arreglos para una pileta hasta el tapón de una bañadera. Entre los más vistosos se encuentran:

- Los laboristas David Chaytor y Elliot Morley que reclamaron pagos de más de 10 mil libras por hipotecas que ya estaban pagas (ambos suspendidos del Partido Laborista).

- El multimillonario diputado conservador Oliver Letwin reclamó unas 2 mil libras para reparar la cañería debajo de su cancha de tenis. Otro multimillonario del mismo partido, Alan Duncan, pidió casi 4 mil libras para servicios de jardinería (ambos se comprometieron a devolver el dinero).

- Reclamos de gastos parlamentarios por: comida para gatos, fertilizante para el jardín (obsesión británica), veneno para ratas, afinamiento de piano, y estiércol de caballo (obsesión conservadora).

La mayoría de los diputados implicados se defendió con una excusa muy británica: habían actuado de acuerdo a los reglas y procedimientos parlamentarios. En efecto, las reglas del llamado libro verde del Parlamento no desautorizan el reclamo de este tipo de gastos que, además, debe ser aprobado por la oficina de control de la Cámara de los Comunes. Pero si desde el punto de vista de la letra de la ley esto era cierto, las revelaciones demostraron que en la práctica muchos diputados violaban el espíritu de estas reglas cuyo objetivo era regular los gastos de los diputados y no potenciar sus ingresos.

Un mecanismo típico y bastante extendido de este aprovechamiento de las reglas es el derecho a una vivienda adicional para diputados que representan a distritos electorales lejanos de la Cámara de los Comunes. En contante y sonante este derecho asciende a las 24.000 libras esterlinas anuales (más de 30 mil dólares) y cubre intereses de hipoteca, amueblado y mantenimiento esencial. Las reglas establecen que se gastará esta suma sólo en caso de que esto sea estrictamente necesario. En la práctica esto se convirtió en una suerte de truco nominalista por el cual los parlamentarios cambiaban la designación de cuál era su primera y segunda vivienda de un año a otro y terminaban renovando y amueblando ambas, con la consiguiente valorización de las propiedades cuando se las ponía a la venta. Los partidos se han comprometido a reformar este sistema , pero, aun si lo hacen, no van a llegar a tiempo para impedir un desastroso resultado en las elecciones del 4 de junio.