Estados Unidos siempre puede contar con sus antiguas colonias. El gobierno de las Islas de Palau aceptó ayer recibir a 17 prisioneros de Guantánamo y le sacó de encima un problema judicial que le estaba quemando las manos a Barack Obama. Según el embajador del pequeño y paradisíaco archipiélago en Washington, Hersey Kyota, les prometieron ayuda financiera a cambio. Cuánto aún no se sabe, pero lo cierto es que a Obama no le quedaban muchos más ases en la manga. Durante los últimos seis años, el gobierno de George Bush intentó convencer a Europa, Australia y sus aliados asiáticos acerca de que dieran refugio a los 17 chinos musulmanes que sus tropas habían detenido en Afganistán a finales de 2001 y mantenido, desde entonces, en la cárcel militar ultrasecreta de Guantánamo.

Dos años después de su detención, la Casa Blanca reconoció que había cometido un error, pero no podía deportarlos a China. Según repitieron funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado, temían que el gobierno chino los torturara por ser militantes de la etnia uigir, una minoría del noroeste de China que durante los noventa se levantó contra la represión y el acoso de Beijing. Para evitar posibles abusos, los dejaron seis años más en sus celdas de Guantánamo, la prisión norteamericana que se hizo famosa por cobijar cientos de sesiones de torturas y de interrogatorios violentos a presuntos terroristas, algunos luego liberados como los chinos que ahora se preparan para partir hacia las aguas del Pacífico, a 800 kilómetros de Filipinas y otro tanto de Japón.

La historia de los 17 prisioneros chinos es similar a la de decenas de ex detenidos de la cárcel en territorio cubano que fueron liberados después de un par de años, tras confirmar que no eran terroristas, sino que estaban en el lugar y el momento equivocados. Según relataron a los medios estadounidenses sus abogados defensores, el grupo de uigires había llegado a Afganistán desde el noroeste de China buscando escapar del gobierno comunista de Beijing. Cuando estalló el bombardeo y la invasión norteamericana huyeron hacia la frontera con Pakistán, pero nunca llegaron a salir del país. Los soldados norteamericanos los capturaron y los acusaron de ser combatientes extranjeros que estaban entrenándose en los campamentos de Al Qaida.

“Estamos haciendo un gesto humanitario. Queremos ayudarlos a que puedan reanudar sus vidas con la mayor normalidad posible”, explicó el presidente de Palau, Johnson Toribiong, en un comunicado difundido ayer. La isla no reconoce al gobierno de Beijing; es uno de los pocos países del mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwan, al que considera el verdadero gobierno chino.

El archipiélago, poblado por apenas 20 mil habitantes, fue un protectorado de Estados Unidos hasta 1994, cuando declaró formalmente su independencia. Una de las primeras decisiones del gobierno nacional fue firmar un Tratado de Libre Asociación con Estados Unidos, un acuerdo que le garantizó conservar la ayuda financiera de Washington a cambio de que la superpotencia conservara derechos sobre su espacio aéreo, su territorio marítimo y un compromiso de votar junto a la Casa Blanca en los foros internacionales.

Palau es uno de los tres países que votan todos los años junto a Estados Unidos a favor del embargo contra Cuba en la Asamblea General de la OEA. Los otros dos son Israel, un aliado incondicional de Washington desde su creación, y las Islas Marshall, otro ex protectorado estadounidense en Oceanía.

En lo que queda del año el gobierno de Palau debe renegociar la ayuda financiera que recibirá como Estado asociado de Washington para los próximos 15 años. El embajador en la capital estadounidense, Hersey Kyota, negó que el acuerdo fuera a influenciar en las negociaciones, aunque sí significará una ayuda extra para las islas. Desde su independencia, el archipiélago de 20 mil habitantes recibió más de 900 millones de dólares de la Casa Blanca, un ingreso fundamental para un país con una economía muy básica.