El pasado secreto de la dictadura brasileña (1964-1985) empieza a salir a la luz a través de algunas grietas que, lejos de confirmar la versión oficial, muestran la verdadera magnitud de lo que fue la represión en el país sudamericano. Ayer un ex represor reveló con documentación oficial que la dictadura ejecutó, entre 1971 y 1973, a 41 guerrilleros que habían sido detenidos cuando combatían al régimen de facto en la selva amazónica, llegando incluso a decapitar a alguno de ellos. Así, la tesis oficial de la muerte en combate quedó descartada.

El mayor Sebastiao Curió, uno de los oficiales más conocidos de la dictadura por su participación directa al frente de los comandos encargados de reprimir a los grupos guerrilleros, abrió sus archivos privados al diario O Estado de Sao Paulo sobre la llamada “Guerrilla de Araguaia”, es decir, las acciones de resistencia llevadas a cabo por el brazo armado del Partido Comunista de Brasil (PCdob) en el Estado de Para, en el corazón del Amazonas de la región norte del país.

Los archivos privados del militar describen, de acuerdo con la publicación brasileña, la política de exterminio comandada durante los gobiernos de los dictadores Emilio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel, ambos ya fallecidos, además de aportar detalles sobre casos particulares como el del guerrillero Antonio Ribas, cuya cabeza, luego de ser decapitado, fue llevada a la ciudad de Xambiá, estado de Tocantins, donde se encontraban los capitanes de uno de los centros militares en la zona del conflicto.

En este sentido, O Estado de Sao Paulo afirma que los documentos del represor desmienten, sin más, el principal argumento de la dictadura militar de ese país: que los guerrilleros de la región del río Araguaia estaban armados y en posición de combate al momento de morir. “Teníamos la orden de no salir de la selva hasta que matáramos al último guerrillero”, señaló Curió al diario.

En Brasil los militares nunca fueron juzgados por los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura debido a la autopromulgada Ley de Amnistía de 1979, y, desde la transición democrática, las autoridades de la dictadura siempre sostuvieron que habían quemado todos los archivos sobre lo ocurrido, lo que siempre fue negado por los organismos de derechos humanos.

Por eso, las implicancias de la información aportada por Curió son de un alcance mayor de lo que podría suponerse a primera vista. En primer lugar, la existencia misma de los documentos contradice la tesis oficial de la dictadura sobre la inexistencia de registros sobre lo ocurrido; y, aun en el caso de que no hubiese archivos orgánicos del régimen, sí los hay privados. Asimismo, es la primera vez que se accede a información tan detallada con nombres, fechas y lugares. Y, por último, de acuerdo con las línea de investigación con las que vienen trabajando los organismos de derechos humanos y varias ONG en Brasil que se dedican a investigar los crímenes de la dictadura, estas ejecuciones no sólo revelarían que la magnitud de la represión en la Amazonia fue mucho mayor de lo que siempre se adujo, sino que aportaría una nueva perspectiva sobre el rol que le cupo al régimen de facto brasileño en el contexto sudamericano de los ’70, ubicándolo al mismo tiempo como uno de los precursores en la desaparición de personas y como un actor fundamental en la coordinación con las otras dictaduras de la región, en el marco de la denominada Operación Cóndor.

En Brasil, hasta ahora, la política oficial respecto de los años de la dictadura fue de no investigar. Por eso, basada en los convenios internacionales suscriptos por ese país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó al gobierno de Brasilia en el último mes de abril a empezar a moverse para buscar verdad y justicia y, desde entonces, el gobierno de Lula lanzó una campaña para reunir información sobre el accionar de las fuerzas armadas durante esos años.