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La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó ayer la nueva Ley General de Educación que deroga, tras 20 años, el “marco obsoleto” de la Ley Orgánica Constitucional, herencia de la dictadura militar. “Esta ley pone el marco para generar los cambios”, dijo ayer la mandataria socialista, consciente de que pasaron tres años de largo debate en el palacio legislativo.

La norma reemplaza a la controvertida Ley Orgánica Constitucional de Educación o LOCE que en el pasado fue clave en las protestas que realizaron los estudiantes secundarios conocidos como los “pingüinos” por sus uniformes. La “revolución pingüina” movilizó a más de 10.000 estudiantes en demanda de educación gratis y de calidad, al asumir Bachelet en 2006.

La mandataria explicó ayer que la ley “regula derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, fija los requisitos exigibles en cada nivel y además regula el deber del Estado de velar por una educación de calidad”. Aseguró que ya no será posible que cualquier persona “sin ningún tipo de exigencia pueda abrir un colegio y ningún niño o niña que curse educación básica va a poder ser discriminado en ningún colegio que reciba financiamiento público”.

La nueva normativa reconoce, entre otros aspectos, la educación especial diferencial y la de adultos, así como la interculturalidad. Uno de sus mayores cambios es que los sostenedores de los colegios tendrán más controles. Sólo podrán ser administradores quienes tengan, al menos, ocho semestres de educación superior.

Asimismo, Bachelet remarcó los futuros desafíos para el último año de su gobierno. “Necesitamos profundizar el debate nacional respecto del mejoramiento de la educación pública” y ello exige “hacer un trabajo más arduo, más fuerte y sustantivo para mejorar la calidad de la educación pública”, lo que constituye un asunto clave para la cohesión social. Por ello la presidenta añadió que una educación pública “gratuita, humanista, laica, moderna y de calidad que cuente con recursos financieros y educativos suficientes es sin duda esencial para poder construir un país más justo, igualitario y que además garantice libertades y derechos fundamentales, como el acceso a la educación de calidad”.

La norma es considerada sólo una arista de una mayor reforma educacional que impulsa el Ejecutivo, ya que para los próximos meses está pendiente la norma que establece el sistema de aseguramiento de calidad (en la cual se crea la superintendencia de educación y la agencia de calidad), mientras que la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública será un esfuerzo de largo aliento.