La Justicia chilena procesó ayer a 120 ex agentes de la policía secreta de la dictadura militar (1973-1990) comandada por Augusto Pinochet por su participación en tres operaciones represivas de la década de 1970. El procesamiento, el mayor en la historia del país, afectó, entre otros, al general retirado Manuel Contreras, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) del régimen, que ya cumple condenas por 300 años de cárcel. “En general, nosotros estamos investigando a todos los que han tenido participación en los cuarteles, en la medida en que hayan intervenido, procurado o afirmado la situación de privación de libertad de las víctimas. Estamos mucho más cerca del final”, anunció el juez Víctor Montiglio, responsable de la medida, en declaraciones a una radio local. “Estos procesamientos deben terminar en penas de cárcel, si no sería una parodia de justicia”, exigió a su turno Mireya García, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Los ex agentes, en su mayoría ex militares y policías, serán imputados por el delito de coautores de secuestro calificado en los llamados casos “Operación Cóndor”, “Operación Colombo” y “Calle Conferencia”.

La Operación Cóndor fue el máximo esfuerzo de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Organizada por los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, su logística se cobró, entre otras, la vida del jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires en 1974, y la del ex canciller de Chile Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Washington.

La Operación Colombo, por su parte, consistió en la desaparición de 119 opositores a Pinochet en 1975, cuyas muertes el régimen ocultó a través de un montaje en los medios que presentó como un enfrentamiento entre militantes.

El caso de la Calle Conferencia, por último, tuvo lugar en mayo de 1976. En el operativo se detuvo a 10 miembros del Partido Comunista chileno, que hasta hoy permanecen en calidad de desaparecidos.

Boris Paredes, el abogado que representa al Ministerio del Interior, en el Programa de Derechos Humanos del gobierno, explicó que el juez pidió reserva sobre el nombre de la mayor parte de los imputados hasta que éstos sean notificados de su procesamiento durante la semana. “Se ha avanzado mucho, está avanzándose cada vez más en esclarecer la responsabilidad criminal de los delincuentes”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, algunos de ellos ya se filtraron. Entre ellos, cinco oficiales retirados que nunca antes habían enfrentado a la Justicia, como César Manríquez, Manuel Karevic, Sergio Castillo, Fernando Cheneau y Luis Sovino.

El procesamiento abarcó también a 45 suboficiales del Ejército y a 14 uniformados ya condenados por causas de derechos humanos, además de 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, 11 ex marinos, 32 policías, seis agentes de la Policía civil y dos gendarmes o policías de prisiones. Estos últimos habrían actuado como guardias y habrían realizado los traslados de los prisioneros políticos a diversos centros de detención clandestinos en Chile.

La decisión del magistrado completa un cuatrimestre complicado para Bachelet: de aquí a fin de año la mandataria debe nombrar al nuevo alto mando del ejército y, para ello, tiene que elegir de entre los primeros cinco cuadros con mayor antigüedad. Los generales en cuestión son Alfredo Ewing, Juan Fuentealba, Jorge Fuenzalida, Cristian Le Dantec y Guillermo Castro. De ellos, Fuentealba ya la tiene complicada: hace poco fue interrogado en calidad de inculpado en un caso de asesinato de 26 prisioneros.

En Chile, alrededor de 3100 personas fueron ejecutadas y desaparecidas durante el régimen pinochetista. Se calcula que otras 50 mil fueron torturadas. Hasta el dictado de esta medida, un informe del Estado chileno precisaba que unos 711 ex agentes fueron llevados a la Justicia. De ellos, tan solo 51 cumplen penas de prisión. Otros cientos esperan sentencia. El gobierno, como es su política habitual, no comentó el fallo.