Desde Madrid

Una nueva vuelta de tuerca en el llamado “caso Gürtel” destapó una extensa trama de financiación ilegal en el Partido Popular español provocando que ayer todas las máximas autoridades de la formación de centroderecha salieran como tromba a acusar al gobierno socialista de estar detrás del informe policial que vincula a altos cargos del gobierno de la Generalitat Valenciana con la empresa Orange Market, epicentro de todo el escándalo. La formación de Mariano Rajoy elude con teorías conspirativas hacerse cargo de las denuncias que afectan a figuras de primera línea a nivel nacional, como el presidente del gobierno valenciano, Francisco Camps, una de las personalidades emergentes del partido hasta que estalló este escándalo. Bajo sospecha está el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que descartó el informe de la policía anticorrupción a pedido de los miembros del PP vinculados con el caso.

El “caso Gürtel” lleva ya varios meses carcomiendo la imagen pública del PP y después del resultado obtenido por la formación de centroderecha en las elecciones europeas de junio se puede afirmar que todavía no se ha traducido en pérdida de votos, un elemento que los populares tienen muy en cuenta al contraatacar con su teoría de que existe una conspiración dirigida desde el gobierno cada vez que el caso da un nuevo giro. El giro que comenzó a dar el jueves por la noche, al conocerse el informe policial que explica cómo funcionaba la trama de financiamiento ilegal del partido en una de las regiones más importantes gobernada por la derecha, amenaza con transformarse en un golpe definitivo, al menos para el gobierno regional de Francisco Camps.

El documento que acaparó ayer viernes la tapa de todos los principales matutinos españoles tiene su origen en la Brigada Policial de Blanqueo, un cuerpo de la policía dedicado a investigar lavado de dinero y corruptelas políticas. Según ese informe, el propio vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, junto con el secretario general del PP en esa región, Ricardo Costa; el vicesecretario David Serra y la tesorera de la formación, Yolanda García Santos, estaban al tanto de los oscuros arreglos financieros que llevaba a cabo la empresa Orange Market, beneficiaria de jugosos contratos públicos en la región. De hecho, Orange Market se prestaba a facturar servicios no prestados al gobierno regional ofreciendo su nombre incluso como intermediaria de un grupo de grandes empresas constructoras que están en el corazón de la trama corrupta. Este dinero volvía luego al partido, ya que la empresa organizaba los principales actos electorales. El propietario de Orange Market, Alvaro “el Bigotes” Pérez, realizaba cuantiosos regalos a dirigentes del PP, incluido Camps, a quien le compraba los trajes y a cuya mujer le enviaba joyas.

El informe que ayer hizo saltar todas las alarmas en el PP fue elaborado por la policía y presentado ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano cuando este órgano judicial evaluaba si procesar o no a Francisco Camps luego de que se hicieran públicas conversaciones comprometidas entre el dirigente popular y los principales implicados en la trama. Pero el Tribunal, presidido por el juez Juan Luis De la Rúa, un hombre que ha llegado a reconocer en público la amistad que lo une a Francisco Camps, decidió descartar el documento por considerar que no era relevante para el caso por pedido expreso de su padrino político. Según el PP, el Ministerio del Interior español, a cargo del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, es el artífice de que este comprometedor informe haya llegado finalmente a la prensa, como ocurrió a última hora del pasado jueves.

Mientras los socialistas dejaban ayer que los hechos hablaran por sí solos, el Partido Popular volvía a hacer hincapié en la existencia de una supuesta conspiración manejada por altos cargos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que consiste básicamente en utilizar la policía y la Fiscalía del Estado para investigar a los populares. La formación de Mariano Rajoy llegó incluso a denunciar en el transcurso del pasado verano europeo la realización de supuestas escuchas ilegales por parte del Ministerio del Interior y amenazó con llevar el caso a la Unión Europea, un extremo al que finalmente no llegó para evitarse la vergüenza de un más que seguro resbalón en Bruselas. Algunos miembros del PP, como el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, llegaron a afirmar que se está creando “un estado policial” contra el partido, estrategia que no sirve para convencer a dudosos, pero es muy eficaz para mantener atada a la propia tropa hasta que pase la tormenta.