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Tres fallos suspendieron el procedimiento de designación de Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Mauricio Macri para integrar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Tres jueces señalaron que el proceso careció de transparencia, que el gobierno porteño no brindó toda la información necesaria sobre su postulante, que su publicación en la web fue confusa y que Macri convocó la nominación fuera de los plazos previstos. La gestión PRO apelará, pero es difícil que las dos salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo entreguen un fallo antes del 10 de diciembre, por lo que sería la próxima Legislatura la que trate el pliego de Ugolini. Sin embargo, los macristas consideraban la posibilidad de seguir adelante, sin hacer caso a la Justicia.

Ugolini es la candidata que Macri busca llevar al tribunal equivalente a la Corte Suprema en la ciudad. Como fiscal de Cámara, cuenta con una cantidad apabullante de dictámenes a favor del oficialismo y con los avales de ex funcionarios menemistas y de la Alianza. Su propuesta generó el rechazo de amplios sectores de la oposición y de organizaciones de derechos humanos, que le exigirán a Macri que retire el pliego.

Los jueces Roberto Andrés Gallardo, Helena Liberatori y Guillermo Schreibler firmaron al unísono tres fallos separados en los que suspendieron el procedimiento de designación de Ugolini. El de Schreibler respondió a una presentación de los legisladores electos de Proyecto Sur Fabio Basteiro, María América González, Julio Raffo, Laura García Tuñón y Rafael Gentili. Los otros dos, a planteos de abogados particulares.

Tres

“Que la integración del máximo tribunal local pudiera estar sospechada resultaría francamente pernicioso para la salud cívica de la ciudad. El Estado debe garantizar que todos y cada uno de los pasos que se den revistan la seriedad, la transparencia y el respeto integral a las normas”, advirtió Gallardo, quien hizo lugar a una medida cautelar de un denunciante que había pedido información sobre la declaración patrimonial de Ugolini. Gallardo le solicitó a la Procuración porteña que entregara esa documentación, pero no tuvo respuesta alguna.

“En la página web del Gobierno de la Ciudad no se indican antecedentes relacionados con el compromiso con los derechos humanos de la candidata. Tampoco se han individualizado específicamente dictámenes u otros elementos de su trabajo profesional que puedan ser compulsados de alguna otra base de datos públicas y permitan valorar su compromiso con los valores democráticos”, consideró Su Señoría. Observó, además, que no se detallan las empresas a las que asesoró Ugolini, ni se da información sobre la inmobiliaria Maumar SA, de la que es dueña junto a su conviviente Rubén Angel Puppo. También consideró que en la declaración jurada de ambos aparecen préstamos a un hotel y spa (como informó Página/12, lo administran dos hijos de Puppo) y, según observó el juez, “no se desprenden que la candidata tuviera autorización del Consejo de la Magistratura para ejercer actividades comerciales”. El magistrado señaló que la declaración jurada de Puppo no tiene firma, “carencia que debe ser subsanada, de lo contrario no es un documento válido”. El juez dispuso que se suministre la información requerida y, a partir de allí, vuelva a correr el plazo de quince días para presentar impugnaciones.

Dos

Liberatori aceptó otro pedido de amparo de un abogado que cuestionó que el documento en la página web del gobierno era prácticamente ilegible y estaba oculto tras una selva de links. También indicó que no se publicó la declaración jurada del conviviente de Ugolini y que en las publicaciones en diarios se omitió el plazo para presentar impugnaciones. “Si la publicación en la web se hace en una sección que se titula ‘Licitaciones y llamados’ (...) no resulta de buena fe de la Administración pública ni de sus funcionarios que sea allí (entre los llamados a licitaciones) donde esté la información relacionada con la candidatura para juez en el máximo tribunal. Si lo ponemos a la inversa, ningún proveedor podría encontrar los llamados si buscara por las candidaturas a cargos públicos”, razonó la jueza. “Un documento ilegible y borroso, con la letra minúscula, sin posibilidad alguna de ampliar el tamaño del documento escaneado ni de superar la ilegibilidad y efecto ‘fuera de foco’ que presenta, tampoco reúne los requisitos constitucionales”, sentenció. “Se ha brindado una información de modo al menos reticente, en algunos casos, y en otros sin certeza acabada de su veracidad y completitud”, concluyó Liberatori, que también dispuso suspender el procedimiento e informó de la medida a la Legislatura, a donde llegó el pliego esta semana.

Uno

El tercer fallo se centró en el planteo de los legisladores de Proyecto Sur de que se “trampearon” los tiempos de la presentación para que el pliego fuera votado antes del 10 de diciembre. Los futuros diputados reclamaron que se declare ilegal el procedimiento “por violar los plazos establecidos” para nombrar a un miembro del TSJ. Según la norma, la nominación debe hacerse “dentro de los 60 días desde que se produzca la vacante”: el juez Julio Maier dejará el cargo el 1º de octubre, pero el pliego de Ugolini se publicó el 19 de agosto. Los dirigentes aclararon que, de haber respetado las normas, Macri debería someter el pliego a la votación de los legisladores que asumen el 10 de diciembre.

“Cabría concluir que los actos por los cuales se ha iniciado, de-sarrollado y finalizado el procedimiento que derivó en el envío del mensaje a la Legislatura habrían sido llevados a cabo extramuros de la competencia en razón del tiempo que el marco normativo que regla esta facultad del jefe de Gobierno”, escribió Schreibler, quien recordó que el TSJ sentó jurisprudencia sobre la posibilidad que tiene la Justicia de revisar decisiones de la Legislatura en la designación de magistrados. Su Señoría suspendió el procedimiento, por tercera vez en el mismo día.

Fuera

Por fuera de los tribunales, siguieron los cruces. “El procedimiento ya está iniciado en la órbita del Legislativo y la Legislatura podría seguir adelante. Hay antecedentes de que la Legislatura consideró que una resolución judicial no le era aplicable. Somos dos poderes distintos. Eso lo sabe hasta un chico de tercer grado”, opinó el legislador macrista Martín Borrelli, quien interpretó que “estos fallos podrían configurar un conflicto de poderes”. “Borrelli no puede desconocer que la Justicia dijo que lo que estaba haciendo Macri era una ilegalidad –le respondió Gentili, de Proyecto Sur–. En vez de decir burradas, debería interpretar el mensaje político que dieron los porteños el 28 de junio y no burlarlo con sofismas, que son un atentado a la inteligencia de un nene de tres años.”