A tres meses del inicio de la dictadura en Honduras, la crisis se profundiza. El gobierno de facto firmó un decreto por 45 días que autoriza el cierre de medios; la disolución de reuniones no autorizadas y la detención de personas consideradas sospechosas, entre otras medidas coercitivas. En el plano internacional, el régimen impidió el ingreso al país de una misión de diplomáticos de la OEA. “Llegamos acá en una misión enviados por el secretario general, pero en el aeropuerto fuimos detenidos”, declaró el chileno John Biehl, consejero de José Miguel Insulza. “No era éste el momento procesal oportuno. Estaban advertidos y lo hicieron de todas maneras. Cayeron por sorpresa y se les dijo que regresaran”, replicó Carlos López, canciller del gobierno de facto. La condena de Insulza fue tajante. “Lamentamos esta decisión del gobierno de facto y la consideramos incomprensible, puesto que ellos mismos la habían autorizado”, señaló el diplomático interamericano.

Refugiado en la embajada brasileña en Tegucigalpa, el presidente constitucional Manuel Zelaya lanzó ayer un llamado a realizar hoy mismo una “ofensiva final” con concentraciones masivas en las calles de la capital de la mano de la resistencia popular. En el ámbito internacional, mientras tanto, Tegucigalpa y Brasilia protagonizaron ayer un nuevo round: el dictador Roberto Micheletti acusó a Zelaya de usar la embajada brasileña para “incitar a la violencia” y, por eso, conminó a Brasil a definir en un plazo máximo de diez días el status del mandatario derrocado. De lo contrario, advirtió López, el jefe de la diplomacia golpista, el régimen de facto le quitaría el estatuto diplomático al edificio donde se refugia Zelaya. “Si en 10 días no se ha definido el estatus de Manuel Zelaya la sede perderá su condición diplomática, pero por cortesía no se está planteando invadir el local”, desafió el ministro.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó de plano las presiones. “El gobierno brasileño no acata ningún ultimátum de golpistas ni reconoce como gobierno interino a estos usurpadores del poder. Los que tienen que negociar son la OEA y la ONU, que ya tomaron sus decisiones”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa al término de la II cumbre entre América latina y Africa en la isla de Margarita, Venezuela.

Sin embargo, Lula dejó una puerta abierta a la posibilidad de una negociación liderada directamente por su país, siempre y cuando el mandato provenga de un organismo multilateral de la comunidad internacional. “Si la ONU, el Consejo de Seguridad o la OEA hicieran un pedido a Brasil para que negocie, nosotros simplemente acataríamos ese pedido, pero no es una decisión nuestra”, expresó el jefe de Estado. Acto seguido, y en alusión directa a las palabras de Micheletti, Lula insistió en que Zelaya se encuentra alojado en la embajada de su país en calidad de “huésped”, y advirtió en tono contundente: “Una embajada es inviolable”.

Tal vez porque Zelaya no confíe en las garantías dadas por los golpistas acerca de la seguridad de su refugio, o tal vez porque, tras realizar varias giras diplomáticas por la región en busca de apoyo el régimen de facto no pareció inmutarse, el mandatario legítimo del país centroamericano elevó ayer su apuesta en favor de la movilización popular. Zelaya fue claro en los términos: convocó a una “ofensiva final”.

“Hacemos un llamado patriótico a la resistencia popular en todo el territorio nacional para que se movilice, para que cada población en cada departamento se dirija hacia la capital para una concentración masiva el lunes (por hoy), cuando se cumplen tres meses de este golpe de Estado”, pidió ayer Zelaya a través de un comunicado.

Ayer la movilización ya había comenzado. Según informó el sacerdote Andrés Tamayo, activista de la resistencia que acompaña a Zelaya junto a otras 60 personas en el interior de la embajada, miles de campesinos empezaron a dirigirse a la capital desde diferentes puntos del país para acudir al llamado presidencial. “Los campesinos se están moviendo individualmente con los transportes colectivos porque si vienen en grupos o en un solo vehículo son capturados en las carreteras por los retenes de la policía y el ejército”, explicó Tamayo.

Para el religioso, lo que necesita la resistencia es que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el presidente costarricense, Oscar Arias, se hagan presentes en Tegucigalpa e impulsen personalmente el inicio de un proceso de diálogo que logre la restitución de Zelaya en su cargo antes de las elecciones previstas para noviembre. “Si no se cuenta con un apoyo decidido por parte de la comunidad internacional, todo esfuerzo será en vano”, estimó.

Por las dudas, Tamayo ofició ayer una misa en el interior de la embajada para pedir por la resolución pacífica del conflicto y reiterar la voluntad de diálogo de la resistencia. Zelaya, a su turno, aclaró que su llamado a realizar una “ofensiva final” era pacífico.