El municipio catalán de Vic, que la pasada semana se había negado a empadronar a los inmigrantes clandestinos, negándoles de ese modo el derecho a inscribirse en las escuelas y a tener cobertura sanitaria, se ha visto finalmente obligado a hacerlo luego de que la presión del gobierno español y el dictamen de los abogados del Estado así lo determinara. La polémica política que despertó la medida continúa. Mientras los socialistas llaman a la calma y a evitar sacar rédito del tema, el Partido Popular y los nacionalistas catalanes de Convergencia I Unió aumentan la intensidad de su discurso contra la inmigración ilegal y el uso de los servicios públicos por parte de los sin papeles.

Los concejales de la municipalidad de Vic, gobernada por los conservadores nacionalistas catalanes de CIU, en coalición con el Partido Socialista e Izquierda Republicana, han tenido que asumir que su medida era ilegal pero, aunque fracasaron en su intento de dejar fuera de la cobertura sanitaria y escolar a los sin papeles, saben que políticamente se han apuntado un tanto al trasladar la polémica al ámbito nacional. Mientras la ultraconservadora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, salía con las botas de punta a apoyar a algunos intendentes madrileños que se hacen los remolones a la hora de empadronar a los inmigrantes clandestinos, el moderado alcalde de la ciudad de Madrid, también del PP, Alberto Ruiz Gallardón, se oponía a la medida ubicándose más cercano a las posiciones del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que advirtió a lo largo de toda la semana sobre la ilegalidad de la medida. Zapatero sabe que el tema es áspero sobre todo para su electorado, en estos tiempos de crisis económica en el que escasean los servicios públicos y es más fácil descargar frustraciones sociales contra el eslabón más débil de la cadena social: los sin papeles. Aun así, el presidente del gobierno español dejó bien claro que su postura es a favor de la integración y que negar el empadronamiento “es un camino que no conduce a ninguna parte”.

En España hay cerca de cuatro millones de inmigrantes, de los cuales 1,8 pagan habitualmente sus aportes a la seguridad social, lo que representa algo más del 10 por ciento del total. Hasta que comenzó la crisis económica, en 2007, que produjo un derrumbe del mercado inmobiliario y de la industria, hasta entonces pujante, de la construcción, este aporte era bien valorado por la opinión pública, consciente de la necesidad de incorporar mano de obra joven en un país en rápido proceso de envejecimiento. La llegada de la crisis puso al descubierto un filón más desagradable del proceso inmigratorio: la falta de servicios públicos y la debilidad general del estado de bienestar hizo que en los barrios más carenciados comenzara una áspera disputa con la inmigración por usufructuarlos. El Partido Popular ya percibió esta dura competencia y trató de utilizarla a su favor en las últimas elecciones generales, de 2008, sin gran éxito. Pero ahora, con algo más de cuatro millones de parados en las calles, la situación ha cambiado. Basta ver durante estos días los debates de los lectores en los portales de Internet de los principales periódicos españoles para darse cuenta de hasta qué punto ha calado el discurso contra la inmigración.

Sin embargo, la mayor parte de los municipios gobernados por la derecha se apartaron durante estos días del discurso antiempadronador, aunque no dejan de señalar lo que a su juicio es una incongruencia de la ley de Extranjería. Si una persona está ilegal, lo que dice la ley es que hay que expulsarlo, razonan, entonces en vez de empadronarlos lo que se debería hacer es llamar a la Guardia Civil, pero nadie lo hace. Los socialistas, más allá de la postura de su líder, Rodríguez Zapatero, tratan de obviar el tema y no se caracterizan por una encendida defensa de los inmigrantes, conscientes como son de la resistencia que tienen entre su propio electorado en los barrios periféricos de la grandes ciudades. El intento de Vic ha sido, según coinciden socialistas y conservadores, un caso aislado pero significativo, que anticipa el debate sobre la inmigración que estará presente en la política española mientras dure la crisis y ocupará un lugar primordial en las próximas elecciones generales, previstas para el aún lejano 2012.