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Decenas de personas se concentraron en la tarde de ayer, convocados a través de la red social Facebook, frente a la Audiencia Nacional para expresar su apoyo al juez Baltasar Garzón, a quien el Tribunal Supremo ha abierto un procedimiento penal por un presunto delito de prevaricación al investigar las desapariciones durante el franquismo. También ayer el fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido dijo que, si bien respeta la decisión del máximo tribunal, considera que no hay delito.

Entre las personas que secundaron la convocatoria en apoyo al reconocido magistrado se encontraban simpatizantes de las asociaciones de la Memoria Histórica y otras plataformas como Investigar el Franquismo no es Delito y Un millón de Firmas para apoyar a Garzón. Estas organizaciones tienen previsto continuar los actos de apoyo al juez y, entre ellos, convocarán el próximo 24 de abril a una concentración en todos los municipios de España. Asimismo, también respaldarán la iniciativa de los sindicatos UGT y CC.OO., que han convocado un acto el próximo día 13.

El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, expresó su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de juzgar al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo ignorando la ley de amnistía al abrir el proceso contra los responsables. Sin embargo, consideró que no hay delito. La fiscalía general “respeta absolutamente la decisión del Supremo, confía en el Supremo, y mantiene su criterio de que los hechos no son constitutivos de delito”, señaló Conde-Pumpido antes de participar en un acto de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Conde-Pumpido añadió que desde la Fiscalía “confían en que su criterio prospere en el momento procesal oportuno”, después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, diera vía libre a que Garzón pueda ser juzgado por intentar investigar al franquismo sin tener las competencias para ello. Varela transformó el procedimiento judicial en un proceso abreviado, confirmando su auto emitido el 23 de febrero pasado, en el que sugiere una pena de hasta veinte años de inhabilitación para Garzón.

La decisión judicial es fruto de la denuncia interpuesta por tres entidades minoritarias consideradas de ultraderecha (el sindicato Manos Limpias, la formación ultraderechista Falange Española de la JONS y la asociación Libertad e Identidad).

Las tres organizaciones consideran que Garzón trató de investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil Española y la represión posterior de la dictadura franquista (1936-1975), sin tener competencias para ello.

Tras la decisión del juez Varela, Garzón está más cerca de ser suspendido en sus funciones en la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) por el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces españoles) hasta que se produzca el juicio.