El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, se consiguió una denuncia penal, un pedido de juicio político y un bloqueo de todas sus cuentas bancarias. Las tres medidas fueron dispuestas por el juez en lo contencioso administrativo Roberto Andrés Gallardo luego de que el funcionario PRO admitiera en una audiencia que no había enviado una ambulancia a la villa 21-24, pese a que existía un fallo judicial que se lo ordenaba desde fines de 2007. Con un rictus de espanto en el rostro, Lemus se retiró de los tribunales porteños con la certeza de que deberá guardar por un tiempo la tarjeta de crédito en el cajón.

Lemus llegó al mediodía, rodeado de diversos funcionarios de aspecto nervioso. Había sido citado a dar explicaciones de por qué no se cumplió el fallo judicial del 20 de diciembre de 2007 que lo obligaba a enviar una ambulancia al Centro de Salud (Cesac) 35, en la villa 21-14. El ministro había argumentado que no tenía custodia, por lo que el juez Gallardo dispuso que hubiera un policía en el Cesac. La ambulancia fue, pero con un escribano que pretextó que hacía falta, además, un patrullero. Y se marcharon. “Desde hace 14 años que se ha prolongado esto en los barrios más pobres. Es algo que hay que resolver ya”, consideró ante Página/12 el cura Pepe, que asistió a la audiencia con un grupo de vecinos. Lo acompañaban la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, el ex diputado Facundo Di Filippo y la kirchnerista Gabriela Alegre.

“En esta audiencia se van a tener que explicar los reiterados incumplimientos del servicio de salud en la villa 21-24”, comenzó Gallardo, que le dio la palabra al asesor tutelar Gustavo Moreno. El le preguntó a Lemus si estaba al tanto de que debía cumplir el fallo. “Sí...”, alcanzó a contestar el ministro, antes de que lo interrumpiera el procurador porteño Ramiro Monner Sans, para asegurar que tenían actas en las que se detallaba “la inexistencia de la custodia policial”. “Tiene que contestar el ministro”, le advirtió el juez después de su segunda interrupción. “Tengo entendido que la ambulancia debe tener las condiciones de seguridad”, se sumó Lemus al argumento macrista.

–¿Por qué cuando firmó el plan integral para la villa 21-24 no solicitó ninguna medida de seguridad? –insistió Moreno.

–Siempre lo hemos pedido para las villas. Nadie quiere entrar a lugares de riesgo sin custodia –sostuvo Lemus, ya algo cariacontecido.

–¿Usted le atribuye la culpa a la Policía Federal?

–Sí.. yo no quiero juzgar a la policía... no teníamos la medida que habíamos solicitado... –empezó a tartamudear Lemus.

–Usted es un funcionario público, ¿el policía estaba o no estaba?

–Yo no puedo decir... No puedo juzgar...

Gallardo interrogó a un oficial de la Policía Federal, que le informó que la custodia estuvo en el Cesac 35. Monner Sans intervino para asegurar que las actas del escribano que el gobierno porteño montó sobre la ambulancia lo desmentían. “No es así”, le contestó el juez, “Las actas dicen que no hay un móvil, no que no hay un policía”. “Queda claro el incumplimiento de la manda cautelar. Pido que se ordene al ministro que la ambulancia venga hasta aquí y se dirija a la villa 21-24”, planteó Moreno, ante el rostro algo estupefacto de los funcionarios.

Además, el asesor tutelar solicitó que se remitiera la causa al fuero penal para que se le iniciara a Lemus una causa por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público y que se enviara otra copia a la Legislatura para que se le inicie juicio político por mal desempeño. El juez dispuso un cuarto intermedio para deliberar.

Los funcionarios macristas, cuyos rostros iban de la tristeza a la resignación, esperaron en un angosto pasillo junto a los vecinos de la villa 21-24 que miraban y señalaban a Lemus. “¿Te das cuenta? Si después le pasa algo a un médico, ¿cómo hacemos?”, decía uno de los hombres de la gestión PRO para justificar ante sus colegas la falta de la ambulancia.

Algunas horas más tarde, reingresaron a la sala de audiencias y se leyó la sentencia. Gallardo consideró probado el incumplimiento de la medida y señaló que la falta de respuesta “se agrava en virtud del estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el barrio, en particular por la proliferación de situaciones de adicción vinculadas con el paco”. Por eso, el juez dispuso las dos medidas que le solicitó el asesor tutelar: se iniciará una causa penal contra Lemus y, por primera vez, la Legislatura deberá evaluar si le inicia juicio político a pedido de la Justicia.

Además, Su Señoría agregó una tercera medida: envió un oficio al Banco Central “para que proceda a bloquear en forma inmediata la totalidad de las cuentas bancarias y/o crediticias que pudiera tener como titular al Sr. Jorge Daniel Lemus”. Gallardo dispuso que esta medida se levante si cumple finalmente con enviar la ambulancia a la villa 21-24. También ordenó que se reanude el bloqueo si la ambulancia deja de concurrir.