Si no hay sorpresas de último momento, la próxima semana la Cámara de Diputados de Paraguay terminará de aprobar una ley antiterrorista repudiada por organizaciones de derechos humanos y campesinas. La norma, enviada al Congreso por el presidente Fernando Lugo, ya fue votada en el Senado por una mayoría abrumadora. Fue rápido y no levantó mucha atención en los medios locales e internacionales. Sin embargo, la ley es un peligro en puerta. “El problema central es que no está definido lo que es terrorismo –explicó a este diario el senador Carlos Filizzola, uno de los dos legisladores que votaron en contra el 6 de mayo pasado–. Mañana un juez puede considerar como un acto terrorista un corte de ruta o la toma de tierras.” La idea no es descabellada. En Chile, los gobiernos democráticos de la Concertación invocaron la ley antiterrorista del pinochetismo para procesar a más de sesenta militantes de la comunidad mapuche, muchos de los cuales aún siguen presos.

La oposición colorada y liberal ya había intentado votar el proyecto de ley el año pasado, pero siempre lograba ser frenada por la presión del movimiento campesino, la organización popular más poderosa del país. “En diciembre logramos que el presidente Lugo entendiera el peligro de tener una ley así. Pero ahora la mandó de vuelta, de su puño y letra”, recordó un dirigente de derechos humanos, que pidió no revelar su nombre para no perjudicar las buenas relaciones con el Ejecutivo.

El proyecto que envió hace unas semanas es exactamente el mismo que había retirado en diciembre pasado, con la misma definición de terrorismo: “Infundir o causar terror, obligar o coaccionar (a terceros) para realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. El texto luego enumera una serie de delitos, que podrían convertirse en actos terroristas en caso de cumplir con ese criterio: homicidio, genocidio, sabotaje, hechos punibles contra la libertad, contra la seguridad de las personas en el tránsito, entre otros.

Esos son los únicos requisitos para ser considerado terrorista y recibir una condena de prisión de 10 a 30 años. “No va a ser muy difícil criminalizar la protesta social”, deslizó Filizzola, vencido. Los escenarios, según el legislador, son infinitos. Una toma de tierras que termina en un enfrentamiento con los guardias privados de los terratenientes –muchos de ellos ex policías– o una manifestación que bloquea una ruta nacional durante días y genera disturbios con los ciudadanos que reclaman por su derecho a circular libremente. Dependerá de para qué lado se incline la Justicia. Según un informe presentado hace dos años por la coordinadora de derechos humanos Codehupy, los fiscales y los jueces paraguayos garantizaron la impunidad en casi todas las ejecuciones arbitrarias contra dirigentes campesinos desde la vuelta de la democracia hasta 2005.

A solas con sus aliados, Lugo les prometió que nada de eso pasará y les explicó que está presionado por los organismos internacionales de crédito. En realidad, quien lo presiona es el Grupo de Acción Financiero Internacional, más conocido como GAFI, una entidad intergubernamental creada para combatir el lavado de dinero, que después de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001 se concentró en la lucha contra el financiamiento del terrorismo internacional. Redactó una serie de “recomendanciones” y un plazo para que todos sus miembros las cumplan. A Paraguay se le está acercando el vencimiento.

Por presión del GAFI, Argentina aprobó en 2005 la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esa norma, a diferencia de la paraguaya, detalla con más precisión el término terrorismo: “Debe a) tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) estar organizada en redes operativas internacionales; c) disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas”.

Esos requisitos excluyen a cualquier grupo local, por ejemplo una organización social o un partido de extrema izquierda, y restringe los actos que pueden ser considerados terroristas. Un enfrentamiento entre la policía y cinco o seis personas armadas con rifles y un saldo de cuatro muertos –como sucedió en el norte paraguayo hace un mes y provocó la declaración del estado de excepción del norte del país, lindante con Brasil– no calificaría en Argentina como un atentado terrorista.

Según una fuente de seguridad argentina que conoce muy bien la Triple Frontera, en el 2005 el gobierno norteamericano presionó al entonces presidente Néstor Kirchner para aprobar una ley más íntegra, que incluyera la figura de terrorismo en el Código Penal, como ahora está haciendo el gobierno y el Congreso paraguayos. “Quieren luz verde para actuar en la Triple Frontera, no sólo contra el narco como ahora, sino contra el terrorismo. Aunque allí no hay terrorismo internacional. Sólo basta con recorrer Pedro Juan Caballero (ciudad paraguaya) para entender que esas bandas armadas no son filiales de ETA, FARC o Sendero”, explicó la fuente.

La presión norteamericana, como siempre, es indirecta. Es el GAFI el que puso un plazo a Paraguay y de no cumplirlo la pequeña y pobre nación latinoamericana pasará a ser el único país en la lista de no cooperantes, un lujo que el gobierno de Lugo no se puede dar. La condena del GAFI implica una suspensión casi inmediata de los préstamos de los principales organismos internacionales de crédito. Una amenaza que también recibió en su momento la Argentina, cuyo gobierno cedió, pero no sin antes poner sus condiciones. Terrorismo es terrorismo internacional, con capacidad de inflingir daño masivo y con un objetivo dirigido contra una comunidad étnica, religiosa o política bien definida.