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Por Francesc Relea*
Desde Brasilia

En Brasil hay comida de sobra, pero 44 millones de personas, uno de cada cuatro brasileños, son vulnerables al hambre. El nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que pasó hambre en su infancia, se ha propuesto que todos los habitantes del mayor país de América latina coman tres veces al día. Pero su plan de lucha contra las desigualdades sociales despega en un entorno económico hostil: mientras el crecimiento brasileño se ralentiza y la inflación se dispara, el desempleo ha alcanzado su nivel más alto en 20 años. La deuda sigue siendo un lastre de enormes proporciones. El reto para el ex dirigente sindical será conciliar la estabilidad económica con el cumplimiento de su compromiso con los desfavorecidos.
El presidente ha puesto manos a la obra para lograr el objetivo número uno anunciado en su investidura: en los próximos meses todos los esfuerzos se concentrarán en combatir la pobreza y dar de comer a la población. De entrada, ha pedido a todo el gabinete austeridad e imaginación a la hora de captar recursos para inversiones sociales. “Brasil conoció la riqueza de los ingenios y de las plantaciones de caña de azúcar en los primeros tiempos coloniales, pero no venció el hambre; proclamó la independencia nacional y abolió la esclavitud, pero no derrotó el hambre; conoció la riqueza de los yacimientos de oro, en Minas Gerais, y de la producción de café, en el Valle de Paraiba, pero no venció el hambre; se industrializó y forjó un notable y diversificado parque productivo, pero no venció el hambre. Eso no puede continuar así”, dijo Lula en su primer discurso.
En la primera reunión de gabinete, Lula exigió a sus ministros y secretarios de Estado que trabajen para pasar de las palabras a los hechos. Fue el ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria y de Combate al Hambre, José Graziano, el encargado de exponer a sus compañeros de gobierno el proyecto Hambre Cero, elaborado por el Partido de los Trabajadores (PT) en 2001 y uno de los ejes del programa electoral durante la campaña presidencial. El plan describe la pobreza y el desempleo como las causas principales del hambre, y parte de dos datos: en Brasil hay 44 millones de personas o 9,3 millones de familias vulnerables al hambre (ganan menos de un dólar diario), y el país produce alimentos suficientes para toda la población. Es decir, no falta comida. “La mayoría absoluta de los que pasan hambre no tienen dinero o ingresos para alimentarse dignamente.” El documento revela que, si bien es cierto que la población rural de los estados del nordeste es la que menos recursos tiene de todo el país, ha sido en las áreas metropolitanas donde la pobreza ha crecido más en los últimos seis años. Sólo en la región metropolitana de San Pablo la proporción de pobres se incrementó del 26,9 por ciento en 1995 al 39 por ciento en 1999, lo que representa un aumento del 45 por ciento en cuatro años. A partir de estas consideraciones previas, el proyecto propone una serie de políticas públicas para combatir el hambre en tres frentes:
- Políticas estructurales, que incluyen un aumento del salario mínimo hasta un techo de 100 dólares, crédito popular por organismos oficiales que incentive cooperativas de crédito solidario, reforma agraria, universalización de la Seguridad Social, programas de bolsa-escuela e incentivos a la agricultura familiar.
- Políticas específicas, como la distribución de cupones para adquirir alimentos, al ejemplo de los programas de EE.UU. y México, canastas básicas para emergencia, campañas de educación alimentaria y ampliación del programa de alimentación al trabajador, que sirva para apoyar la creación de microempresas con beneficios fiscales.
- Políticas locales, que deberán aplicar los ayuntamientos y la sociedad civil, como bancos de alimentos, incentivos a la agricultura urbana, autoconsumo y restaurantes populares.
El proyecto apunta la necesidad de un presupuesto federal propio. Los gastos para políticas sociales representan hoy 45.000 millones de reales (12.800 millones de dólares) al año, y la previsión del costo del sistema de cupones es de unos 10.000 millones de reales anuales (2800 millones de dólares). Tal es la importancia que el presidente otorga a la erradicación del hambre que dos ministerios estarán dedicados plenamente a este objetivo: Seguridad Alimentaria (José Graziano) y Asistencia Social (Benedita da Silva, ex gobernadora de Río de Janeiro).
La Fundación Getulio Vargas dio a conocer en julio de 2001 el Mapa del Fin del Hambre, resultado de una exhaustiva investigación llevada a cabo en todo el país entre 1996 y 1999. La primera conclusión es que en Brasil hay 50 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza (ingresos mensuales de menos de 80 reales), lo que supone el 29,3 por ciento de la población. El estudio apunta que para erradicar este cuadro de miseria haría falta gastar 1690 millones de reales al mes (482 millones de dólares), el 2 por ciento del PBI, que significaría una contribución mensual de cada brasileño de 10,4 reales.
El mayor índice de miseria está en el nordeste. Todos los estados de esta región, excepto Rio Grande do Norte, tienen más del 50 por ciento de su población por debajo de la línea de pobreza. Maranhao es el estado que presenta el peor escenario, con más de un 63 por ciento de pobres.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.