Organizaciones de derechos humanos recordaron ayer el Día del Detenido-Desaparecido. En Uruguay, los ex presos políticos realizaron un acto frente al Servicio de Información de Defensa (SID) y reclamaron que sea convertido en un centro de memoria y derechos humanos. En Chile, la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos (AFDD) instó a las autoridades a que avancen con las causas contra represores.

Desde 1981, organizaciones civiles recuerdan el Día del Detenido Desaparecido, que lamentablemente en cada nuevo aniversario cobra nuevos matices. “Desde que el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas comenzase a documentar casos hace ahora 30 años, se han registrado 53.232 desapariciones forzadas; en 42.600 casos se sigue sin conocer el paradero de la víctima”, dijo ayer Amnistía Internacional (AI) en un comunicado de prensa. “La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos cometida por los Estados o con su colaboración, que ha afectado y afecta a decenas de miles de personas en todo el mundo, con casos registrados en más de 80 países”, explicó la organización con sede en Londres.

Desde Montevideo, Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos reflexionaron sobre qué significa hoy la consigna del Nunca Más. Por su parte, los ex presos políticos nucleados en la Asociación Crysol le reclamaron al gobierno de José Mujica que convierta al ex Servicio de Informaciones de Defensa (SID) en un espacio para la memoria y los derechos humanos. Según explicó a Página/12 el presidente de Crysol, Baldemar Taraco, el ministro de Defensa uruguayo, Luis Rosadilla, se habría mostrado accesible frente al reclamo y en los próximos días se reunirían para tratar en profundidad la propuesta de los sobrevivientes de la dictadura uruguaya. El SID era el centro adonde fueron llevados muchos de los secuestrados en el marco del Plan Cóndor. Por la tarde de ayer, las organizaciones nucleadas en “Todos y Todas contra la impunidad” se reunieron en el bulevar Artigas y Palmar para recordar a los más de 300 desaparecidos uruguayos y exigir justicia.

“Durante la gestión del Frente Amplio (FA) hubo avances, hay militares presos, pero es insuficiente. Es lamentable que el FA no haya anulado la Ley de Caducidad y que tenga que hacerlo por una presentación de Macarena Gelman ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, evaluó Taroco. “Decimos que la ley es inmoral, que hay que anularla o derogarla”, agregó Mara Martínez, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-De-saparecidos, en relación con la norma que impide que se juzgue a los represores uruguayos. “Pero nos parece que el gobierno está actuando correctamente”, estimó Martínez.

En Chile, las actividades por la conmemoración arrancaron anteayer con un recital. Ayer, las organizaciones sociales realizaron un acto en el Memorial del Detenido-Desaparecido y el Ejecutado Político del Cementerio General de Santiago. “Hubo una actitud de compromiso y de defensa de la vida así como una fuerte demanda de respeto de los derechos humanos en la actualidad”, relató Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD).

“Hoy la situación de los derechos humanos se agudiza mucho más al tener en el poder a la derecha política, que agrupa a sujetos vinculados al genocidio”, dijo la dirigente humanitaria, refiriéndose al gobierno de Sebastián Piñera. “Las autoridades políticas de la región han tardado mucho en tener voluntad política para asegurar el enjuiciamiento y el Nunca Más”, remarcó Pizarro, que exigió el fin de la impunidad de los represores que desaparecieron a más de tres mil chilenos.

La demanda contra la impunidad subió por el continente y llegó a México. En Juárez, hubo una manifestación de familiares de desaparecidos ante la fiscalía general. Según la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, los ausentes en México llegan a tres mil. En los seis años de gobierno de Felipe Calderón, desaparecieron 400 personas por razones políticas, 500 mujeres en las redes de trata y cerca de 2100 en la llamada lucha contra el narcotráfico.

Informe: Luciana Bertoia.