En La Moneda hay preocupación. El 15 de septiembre comienzan las festividades para celebrar el bicentenario de Chile con un pleno del Congreso Nacional que contará con la presencia de los cuatro ex mandatarios de la Concertación y numerosas delegaciones internacionales, las cuales serán recibidas por el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, la huelga de hambre que 34 presos mapuches mantienen desde hace 65 días sigue sobrevolando el palacio presidencial como una nube que amenaza con aguar uno de los eventos más esperados por el gobierno, y algunos medios especulan con que podrían darles alimentos por la fuerza.

Desde el exterior, diputados de la Eurozona se han sumado a las críticas que apuntan a tres ejes: modificar la ley antiterrorista, juzgar a los comuneros por tribunales civiles y no militares, modificando la Justicia Militar, e impulsar una mesa de diálogo entre el gobierno y los mapuches.

Los dos primeros puntos se han ido desenredando con el envío por parte del Ejecutivo de sendos proyectos para cambiar la normativa vigente (que comienzan a discutirse hoy); no obstante, el gobierno y los máximos representantes de los partidos oficialistas se han mostrado contrarios a impulsar la creación de una instancia de conversación.

Tras el tradicional comité político de los lunes, que reúne en La Moneda a los presidentes de partidos que sostienen al gobierno, el gabinete y la coalición gobernante insistieron en que el tema debe resolverse en el Congreso, por más que la oposición insista en que la mesa de diálogo es el mejor camino para solucionar el conflicto antes de las festividades.

“El (Ejecutivo) no tiene que ser en esto tozudo ni tampoco cerrarse a una posición, (pero) no es bueno para el país que el gobierno sea forzado a sentarse en una mesa de diálogo con personas que están en una huelga de hambre”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. “Hemos dado pasos concretos en el sentido de reformular la ley antiterrorista y la Justicia Militar y esos proyectos se están discutiendo en este momento en el Congreso”, complementó la ministra vocera, Ena von Baer.

El presidente de la derechista coalición UDI, Juan Antonio Coloma, añadió que “en democracia el diálogo se hace en el Parlamento a través de las leyes”. En este escenario, la prensa local informó que Sebastián Piñera declinó referirse a la conformación del anhelado canal de diálogo, a pesar de que los parlamentarios de oposición lo pusieron como obligación para aprobar los cambios a la mencionada ley.

La mesa de diálogo fue solicitada por los huelguistas y también por las iglesias y buena parte del Congreso; no obstante, para el gobierno la vía para solucionar el conflicto son las modificaciones legales. “Quiero pedirles a los que están en huelga de hambre, que en el pasado atentaron contra las vidas de otros compatriotas y que hoy día están atentando contra sus propias vidas, que la depongan. Les garantizo que el gobierno va a estar siempre abierto a un diálogo pacífico y fecundo... Por eso hemos recogido las demandas de los comuneros y hemos enviado al Congreso dos proyectos de ley...”, insistió ayer Piñera. Junto a ello, endilgó las responsabilidades a la administración anterior, encabezada por Michelle Bachelet. “Este es un problema que hemos heredado del pasado... Aquéllos que tuvieron responsabilidad en el origen de este problema que ayuden a la solución, sin violencia, sin presiones indebidas”, mandando un recado a los cuatro diputados de oposición que se sumaron al ayuno, los cuales llegaron a Santiago para estar cerca del Congreso a la hora de emitir su voto en la tramitación de la ley antiterrorista. Con todo, Piñera hizo otro gesto a la comunidad mapuche al anunciar la creación de un liceo de excelencia dedicado a conservar la cultura del pueblo mapuche.

Desde la oposición, la influyente senadora de la DC Soledad Alvear cuestionó la “inflexibilidad del gobierno”. Consultada respecto de las consecuencias políticas en el caso de fallecer algún comunero, dijo que “hasta ahí llega la fiesta del bicentenario. Con una muerte o más –que espero no ocurra– va a existir una fuerte reacción de los chilenos y sería dramático por la condena internacional que Chile tendría”.

Otro senador conservador, Andrés Chadwick, aseguró que “no corresponde abrir una mesa de diálogo antes de que termine la huelga de hambre... Creo que las exigencias de la Concertación no son procedentes. Nosotros hemos heredado este tema, todas las querellas por ley antiterrorista fueron firmadas bajo el gobierno de la presidenta Bachelet”. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, manifestó que él y otros ministros del tribunal son partidarios de terminar completamente con la Justicia Militar.