El gobierno de Ecuador negó que vaya a haber una amnistía a los responsables del intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa, que reclaman sectores de la oposición. Y anunció la incorporación de una cláusula democrática para los países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

La tensión bajó en Ecuador pero sigue en vigencia el estado de excepción que decretó el jueves el Ejecutivo ecuatoriano y que habilita a los militares a realizar tareas de seguridad. Aun así las clases se reanudarán hoy pero ayer no hubo prohibición que pudiera parar la fecha del torneo nacional de fútbol. Mientras tanto, la dirigencia política no dejó de hacer balances. El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, aseguró ayer que el Ejecutivo cuenta con bastante información sobre la “conspiración” contra el gobierno de Correa. “Debe haber justicia, no venganza; reconciliación, no resentimiento. Es duro que un grupo de desquiciados haya afectado tanto la imagen de la policía, haya atentado contra la democracia, contra la vida del presidente”, sostuvo el titular de la cartera del Interior.

“Se están haciendo las investigaciones pertinentes y hay bastante información relacionada con cómo se fue articulando todo este asunto conspirativo”, añadió en referencia a la sublevación de policías en rechazo a la aprobación a la Ley de Servicios Públicos, la que podría entrar en vigencia hoy (ver recuadro). Esa norma habilitaba la eliminación de incentivos salariales y fue lo que levantó polvareda entre los uniformados, que retuvieron el jueves por más de nueve horas al presidente Correa en el hospital de la Policía.

Lo que desde el gobierno calificaron como un intento de golpe de Estado dejó ocho muertos y decenas de heridos, de acuerdo con lo que informó el Ministerio de Salud. Correa y su ministro Jalkh reiteraron en varias oportunidades que el levantamiento fue sólo ejecutado por una porción de la fuerza policial y que no representó a la totalidad de los 40 mil efectivos de esa institución. Asimismo, el ministro del Interior dijo que la única forma para evitar que acciones como las del jueves se repitan es no queden impunes. Según Jalkh, las investigaciones apuntan a comprobar la participación del Partido Sociedad Patriótica (PSP) en la intentona contra Correa. El líder máximo de PSP, el ex presidente Lucio Gutiérrez, fue señalado por el oficialismo como uno de los instigadores del intento de golpe. Actualmente, la fiscalía ecuatoriana investiga a los coroneles responsables de los cuarteles que se levantaron.

La ministra de política, Doris Soliz, salió con un mensaje similar al de Jalkh. Soliz repudió la propuesta de amnistía para los uniformados rebeldes que piden desde la oposición. “Los pronunciamientos apresurados de ciertos grupos para tratar de aglutinar fuerzas opositoras, si bien no tuvieron mayores ecos, develan la naturaleza mezquina de la oposición. El silencio cómplice de otros sectores es un signo elocuente de complicidad”, dijo la ministra a través de un comunicado. Soliz recalcó, como había hecho Correa, que no habrá perdón para los responsables. “Se trata de reparar, por medio de la Justicia, no sólo la autoridad presidencial que trató de ser mancillada, sino de desagraviar a las familias de los muertos y heridos en esta nefasta jornada”, concluyó.

La ministra no especificó a qué grupos se refería. Consultado por este diario, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado, incluyó entre los que querían el borrón y cuenta nueva al PSP, al Movimiento Popular Democrático y algunos integrantes del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.

Entre tanto, informaron que se incorporó una cláusula democrática a la constitución de la Unasur. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, explicó que la medida dispone que aquel país que haya padecido un golpe de Estado sería excluido del bloque. Además, la cláusula exige que los países limítrofes a la nación afectada cierren sus fronteras, como hicieron el jueves Colombia y Perú después del levantamiento policial en Quito. Las restricciones también incluirán la suspensión del comercio, del tráfico aéreo así como la provisión de cualquier suministro.