El conflicto por las elecciones en la Central de Trabajadores de la Argentina pasó a manos del comité arbitral. El cuerpo de cinco abogados designados de común acuerdo por las dos listas enfrentadas en la interna comenzó a analizar los pedidos de impugnación, y esta semana deberá definir si ratifica a Pablo Micheli como nuevo secretario general de la CTA, como lo determinó la Junta Electoral cuyos miembros le responden, o si se deberá volver a votar en algunas provincias antes de proclamar a un ganador, como reclama Hugo Yasky. Esta tarde, el comité se reunirá con los apoderados de las listas y la junta electoral para informar a las partes sobre las impugnaciones presentadas.

El presidente del cuerpo colegiado es Ricardo Cornaglia. Abogado laboralista, Cornaglia es titular de la cátedra de derecho del trabajo en la Universidad de La Plata. Fue diputado en el ’83, por el radicalismo, es autor de numerosos libros sobre la legislación del trabajo y fue propuesto como titular del grupo por ser una figura indiscutida dentro del mundo sindical.

La idea de armar el comité arbitral fue impulsada por Hugo Yasky como un modo de evitar que el Ministerio de Trabajo tuviera que dirimir eventuales conflictos por la elección. Los integrantes de la lista 10 estaban seguros de que si el Ministerio laudaba, terminarían acusados de haber sido beneficiados por el Gobierno.

En la semana en que los candidatos cerraban la campaña, Pedro Wasiejko, candidato a secretario adjunto de la CTA por la lista 10, y Adolfo Aguirre, secretario de relaciones internacionales de la Central y candidato de Micheli, negociaron la creación del organismo y acordaron los nombres de sus cinco integrantes. Cornaglia fue propuesto por el sector de Yasky, pero aceptado sin objeciones por Micheli. A los cuatro restantes los eligieron con el criterio de que no tuvieran vínculos con ninguna de las listas (ni con los sindicatos interesados en la interna de la Central) y que provinieran dos de la Asociación de Abogados Laboralistas y dos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Los elegidos fueron Luis Ramírez, Beinusz Szmukler, Eduardo Tavani y Moisés Meik.

Ramírez es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (ABA). Para el público no relacionado con el mundillo de la Justicia, se hizo conocido a finales de 2001, cuando desde la Asociación llamó al primer cacerolazo contra la Corte Suprema de la mayoría automática. La protesta comenzó a repetirse todos los jueves, en reclamo de la remoción de los miembros del máximo tribunal, lo que finalmente logró, dando lugar al recambio en la Corte. La asociación de abogados laboralistas que encabeza agrupa a unos 300 profesionales. Ramírez es considerado, junto con Cornaglia, como el especialista mejor formado en temas sindicales, y en el ámbito gremial se conoce como uno de los que abrieron camino, con ponencias en congresos y artículos, al debate sobre la democracia sindical.

Beniusz Szmukler es el integrante de más alto perfil del comité. Ex miembro del Consejo de la Magistratura, preside el Observatorio de la Justicia Argentina y es miembro consultivo de la Asociación Americana de Juristas. Entre los casos que lleva como abogado, es uno de los querellantes de la causa que se abrió en la Argentina para investigar los crímenes del franquismo, como un apoyo al juez español Baltazar Garzón.

Eduardo Tavani es el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Desde ese lugar apoyó el matrimonio igualitario; son conocidas además sus posturas en favor de la defensa de los derechos humanos. Una de sus recientes intervenciones públicas fue en respaldo de la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos en el caso Noble Herrera.

Moisés Meik, ex juez del trabajo de la provincia de Buenos Aires, es el otro representante de la ABA. Es profesor del derecho del trabajo en las universidades de Buenos Aires y La Plata. Entre los dirigentes gremiales es considerado uno de los impulsores del debate en defensa de la estabilidad en el empleo.

El comité arbitral tomará sus decisiones en base a los estatutos de la CTA y su reglamento electoral. Tiene un plazo de un día para expedirse sobre cada tema, que en caso de cuestiones complejas podrá extenderse hasta llegar a las 72 horas.