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El gobierno de Hugo Chávez se comprometió a investigar la veracidad de los dichos de dos supuestos etarras que denunciaron ante la Audiencia Nacional española haber sido entrenados en Venezuela. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, le aseguró a su par español, Miguel Angel Moratinos, que investigarán si el funcionario Arturo Cubillas dio cursos de formación a integrantes de ese grupo radical.

La Justicia española difundió el lunes que dos presuntos etarras habían declarado haber sido entrenados en 2008 en Venezuela. Según Juan Carlos Besance y Xavier Atristain, el instructor habría sido Arturo Cubillas, un español nacionalizado venezolano sobre el que pesa una orden de detención española. El juez Eloy Velasco había procesado en marzo a Cubillas, que ocupa un alto cargo en el Ministerio de Agricultura de Caracas, por ser el supuesto responsable del colectivo de ETA en esa zona en 1999. El juez también sospecha que Cubillas tuvo a su cargo la coordinación de las relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que habría impartido cursos sobre el uso de explosivos.

Más temprano, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, le había pedido al Palacio de Miraflores que respondiera a la orden de detención de Cubillas. “Las declaraciones de dos presuntos miembros de ETA para el gobierno tienen los suficientes indicios como para que eso se tenga que investigar y que el gobierno de Venezuela nos dé una respuesta”, declaró a la cadena privada española Telecinco. “Estamos convencidos de que no hay ningún amparo por parte de ningún gobierno del mundo a una banda terrorista”, afirmó el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en referencia a miembros de la ETA. “Si están en Venezuela, los vamos a traer de Venezuela, y si están teniendo alguna cobertura en algún ámbito social, la dejarán de tener. Esto se consigue cooperando con el gobierno de Venezuela”, afirmó el mandatario español.

Caracas había negado días atrás cualquier vinculación con alguna banda terrorista, en especial con la ETA, según estableció un comunicado de la Cancillería venezolana. Mientras tanto, la Justicia española pidió ayer interrogar en Colombia a nueve ex miembros de las FARC para que identifiquen a activistas de la ETA. La fiscalía ibérica también tomará declaración en noviembre a dos testigos venezolanos, un militar y un diplomático, sobre la relación entre los dos grupos armados.