Juan y Macarena Gelman escucharon ayer los alegatos del Estado uruguayo y los de las abogadas que los representan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El poeta y su nieta acusan a Uruguay de no haberles proporcionado verdad ni justicia por la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena, la madre de Macarena. Se espera que la Corte se pronuncie durante el primer trimestre del año próximo.

Anteayer había sido el día de los testimonios, ayer fue el de los alegatos. Las abogadas que representan al escritor y a su nieta volvieron a reclamar lo que en estos años no hubo: justicia. “Esperamos que Juan y Macarena Gelman, que avanzaron en este caso con una gran soledad, con una gran orfandad, por la falta de asistencia efectiva del Estado uruguayo, puedan contar con la asistencia de la Corte, quebrando esta situación de falta de verdad y de justicia”, afirmó una de las abogadas que los representa. Y agregó, al finalizar su exposición: “El caso, quizá, no debería llamarse Gelman contra Uruguay sino Gelman con Uruguay por la contribución que han hecho Macarena y Juan Gelman a la sociedad uruguaya para lograr la verdad y la justicia en el país”.

La tragedia comenzó el 24 de agosto de 1976 y todavía continúa, porque Macarena nunca pudo encontrar los restos de su madre. María Claudia García y Marcelo Gelman se habían casado en julio de ese año. El hijo del escritor tenía 20 años y su compañera 19 y siete meses de embarazo cuando, un mes después, los secuestró la dictadura argentina. Por testimonios se supo que la pareja estuvo alojada en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva tejida por los gobiernos militares del Cono Sur. En la segunda semana de octubre de 1976, María Claudia fue llevada hasta el Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo. Allí estuvo hasta que, a finales de ese mes o a principios de noviembre, fue llevada al Hospital Militar para dar a luz a Macarena. En enero de 1977, los represores dejaron a la beba en una cesta en la puerta del policía Angel Tauriño.

Pasaron 23 años hasta que Macarena recuperó su verdadera identidad. Por ese entonces, se enteró de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) había identificado en 1989 los restos de su padre. Todavía sigue intentando saber qué pasó con su madre. En 2006, junto con su abuelo presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ésta remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gelman y su nieta denuncian al Estado uruguayo por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que sean enjuiciados los criminales de la dictadura.

En su alegato de ayer, el representante del Estado uruguayo afirmó: “El Estado reconoce la violación de los derechos humanos de la señora María Claudia García y de Macarena Gelman durante el gobierno de facto que rigió en Uruguay entre 1973 y 1985”. Para Macarena Gelman, ese mea culpa no fue suficiente. “El reconocimiento de los hechos no fue total. Fue un poco confuso”, comentó a Página/12. “Las violaciones a los derechos humanos no fueron sólo durante el gobierno militar. Mi mamá sigue desaparecida”, resaltó la joven la continuidad del delito.

“La impunidad en Uruguay se apoya en parte en la Ley de Caducidad, pero también en las formas de investigar, en los tipos penales que se aplican y en el acceso a los archivos de la represión”, dijo a este diario la abogada Liliana Tojo, patrocinante de Juan y Macarena Gelman. El agente uruguayo Carlos Mata había subrayado en la audiencia que había voluntad política en Montevideo de acabar con la norma aprobada en 1986. Para Mata, era prueba de ello la media sanción que el mes pasado obtuvo el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Aunque lo que omitió el representante de Uruguay en la sala de Quito es el dato de que ese proyecto no logrará ser aprobado en el Senado, donde tres parlamentarios del gobernante Frente Amplio (FA) le retiraron su apoyo. “Para nosotros, un proyecto con media sanción no tiene ningún valor jurídico”, replicó Tojo. “Cualquiera sea la solución legislativa, la salida tiene que ser que la ley deje de tener efectos para la totalidad de los casos”, reclamó.

A nivel operativo, las partes tendrán hasta el 10 de diciembre para presentar los alegatos por escrito. La espera por la sentencia se alargará un poco más, probablemente llegue para los primeros meses de 2011. La abogada Tojo se escuchó esperanzada por la resolución: “Creemos que los jueces entendieron la gravedad de la situación”. Al poeta, de 80 años, se lo vio emocionado al salir de la sala de audiencias: “Hace muchos años que espero el día de la justicia. Espero que estas sesiones permitan abrir el camino de la verdad y de la justicia próximamente”.

Informe: Luciana Bertoia.