El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior chileno sigue siendo fuente de críticas. El abogado que llevaba la causa por el asesinato del cantante Víctor Jara y la abogada que investigaba los crímenes cometidos contra la cúpula del Partido Socialista (PS) durante la dictadura pinochetista fueron despedidos anteayer. Organismos de derechos humanos concurrieron al Congreso y denunciaron que el gobierno de Sebastián Piñera está impidiendo que se avance en el juicio y castigo a los represores.

La tarde del lunes fue complicada en la sede del Programa de Derechos Humanos, la misma que días atrás había sido ocupada por organismos de derechos humanos que denunciaban que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, tenía paralizadas las querellas por las víctimas de la dictadura pinochetista. Anteayer, la jefa del organismo, la ex fiscal Rossy Lama, llamó a su despacho al abogado Cristián Cruz y le dijo que no le renovarían el contrato por razones de confianza. Lo mismo volvió a escuchar con su colega Luisa Sanhueza y después la trabajadora social Victoria Baeza. Pero un par de horas después Lama dejó sin efecto el virtual despido de Baeza.

No pasó lo mismo ni con Cruz ni con Sanhueza, que llevaba las causas por detenidos-desaparecidos del PS, fuerza política opositora a la gestión de Piñera. Cruz entró hace cinco años al Programa de Derechos Humanos, durante la presidencia de Michelle Bachelet. Fue el abogado querellante en la causa por la desaparición en 1987 de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en el caso de Jara, asesinado el 15 de septiembre de 1973.

“Las hijas y la viuda de Jara y yo no tenemos ninguna duda de que el despido es una consecuencia de lo actuado en este caso”, dijo a Página/12 Cruz. El abogado había concurrido a la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar que se citara al actual subsecretario de Defensa, Oscar Izurieta. En mayo, el general retirado declaró como testigo ante el juez Juan Fuentes y negó haber operado en el Estadio Nacional, donde estuvo cautivo el cantautor. Un rumor que recorre los pasillos del Programa insiste en que la desvinculación de Cruz se debe a una venganza. “Mi despido tiene que ver con las consecuencias del trabajo realizado y con la nueva política oficial en esta materia”, dijo el abogado. Y agregó: “No puede ser un obstáculo en un Estado de derecho que tenga que declarar alguien con apellido pomposo”.

La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AF-DD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se solidarizaron con Cruz y con Sanhueza. Los organismos estuvieron ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y acordaron que se cite al ministro Hinzpeter y a su segundo, Rodrigo Ubilla, para que den explicaciones por el desmantelamiento del Programa, según denuncian. “Es grave porque Piñera habla de verdad y justicia, pero hace todo lo contrario”, dijo a este diario Alicia Lira, presidenta de la AFEP. Lira comentó que su asociación se reunirá el próximo 7 de diciembre con el ministro Hinzpeter. En ese encuentro, explicaron que se quejarán de las presentaciones que el gobierno no está haciendo en la Justicia y también pedirán explicaciones porque todas las denuncias de desapariciones y ejecuciones durante la dictadura de Augusto Pinochet estarían en manos de menos de diez abogados.

Informe: Luciana Bertoia.