Marcos Carámbula, precandidato presidencial y reelecto intendente de Canelones, está a favor de anular la Ley de Caducidad. La norma impide juzgar a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya. Sin embargo, Carámbula es consciente de que dentro de la coalición gobernante Frente Amplio –él se asume independiente– será difícil aprobar la interpretación de dicha ley que dejaría sin efecto tres artículos. El proyecto está trabado en el Senado y para algunos se retomará en 2011.

Hace 36 años, Carámbula era un estudiante de Medicina que aportó su testimonio en la causa de Nibia Sabalsagaray. Los militares entregaron el cuerpo sin vida de la joven militante del Partido Comunista y dijeron que se había suicidado. “Los familiares y los amigos no nos resignamos a la versión oficial”, recordó Carámbula ante Página/12.

En octubre de 2009, la Corte Suprema determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso Sabalsagaray y hoy los autores intelectuales del crimen están presos. Sobre esto habla Carámbula a su breve paso por Buenos Aires, invitado por la Federación Universitaria Argentina para participar de un encuentro en Mar del Plata.

–Los senadores oficialistas Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa votarán en contra del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. ¿Quedará a medio camino?

–Se abrieron interrogantes. En el Senado el Frente Amplio tiene 16 votos, si falta uno, la interpretación de la ley no sale. Estoy convencido de que la norma debió haber sido anulada. Hubo dos plebiscitos en diferentes circunstancias y la ciudadanía se expresó. La Suprema Corte, por otro lado, ha declarado la inconstitucionalidad de la ley para dos casos y hoy está habilitando numerosos casos más. No es revanchismo: se trata de que se exclarezca la verdad y prime la justicia.

–¿Cómo puede ser que alguien que fue secuestrado por la dictadura, como Eleuterio Fernández Huidobro, vote por la continuidad de la ley?

–El Ñato ha dado sus razones y yo no voy a pretender entenderlas. Insisto, debemos seguir explorando el camino que abrió la Corte Suprema. Abrió la posibilidad de investigar y hoy la Justicia falló y mandó a prisión a los dos autores intelectuales de su muerte.

–La semana pasada renunció al Frente Amplio Gonzalo Fernández, mano derecha de Tabaré Vázquez. Su salida se vio como una nueva discrepancia dentro del oficialismo. ¿Como lo interpreta?

–Estamos en un segundo gobierno del Frente Amplio. Tabaré dijo en una oportunidad que la coalición llegó al gobierno por muchas razones: por su programa, por su historia, por su cercanía con la gente. Pero, por sobre todo, por la unidad del FA. En los últimos días hubo diferentes episodios vinculados a la anulación o no de la ley de caducidad, y ahora la renuncia de Gonzalo Fernández. Hay sin duda diferentes enfoques pero estoy convencido de que prevalece la vocación de estar unidos.

–¿Qué argumentó Gonzalo Fernández para irse?

–En el Frente Amplio se resolvió que el tribunal de conducta política investigue a Gonzalo Fernández ante su supuesta participación en el juicio de los Peirano-Basso, los banqueros que fueron juzgados y encarcelados en el período de gobierno anterior. Por eso renunció a la fuerza política.

–Los últimos sondeos otorgan al presidente Mujica un alza en su popularidad y una baja para su gestión. ¿Puede deberse a las protestas sindicales?

–Estamos en pleno análisis del presupuesto para los próximos cinco años para el gobierno nacional y los departamentos como Canelones. Siempre se produce una natural pugna de intereses entre los reclamos de los trabajadores públicos y el gobierno que marca sus pautas. Si hay cuestionamientos a la gestión de Pepe están vinculados a estas negociaciones. En otros planos, Uruguay sigue creciendo en lo económico, generando empleo. Y se resolvieron temas importantes como la relación con Argentina.