Desde Medellín

Faltan dos debates para que el Congreso de Colombia apruebe la polémica ley de víctimas. Sin embargo, el rechazo comenzó desde la última votación, este lunes, cuando los representantes en la Cámara, mayoritariamente uribistas y de derecha, aceptaron reconocer a las víctimas sólo a partir de 1991. En este país, el conflicto armado suma ya casi cinco décadas y las más cruentas masacres, exterminios y violaciones de los derechos humanos comenzaron desde los años cuarenta. Las reacciones negativas se incrementaron al conocer que el presidente Juan Manuel Santos felicitó al Congreso por aprobar esta ley.

Para explicar por qué los congresistas asumieron que desde 1991 comenzó la “victimización” en el país y no antes, el conservador Oscar Fernando Bravo dijo en el plenario que se trataba de un homenaje a la Constitución colombiana que se creó en ese año. Los opositores del Polo Democrático Alternativo se retiraron del plenario en acto de rechazo. La otra fecha propuesta en el proyecto de ley era el 1º de enero de 1983, lo cual ya traía descontentos a representantes de las víctimas, pues se considera que es de 1948, con el asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán y el llamado Bogotazo, cuando se agudiza la guerra colombiana hasta llegar a lo que es hoy: mafias, guerrilla, paramilitarismo y crímenes de Estado, en un contexto de impunidad donde actualmente hay 2,5 millones de procesos judiciales en curso y apenas cuatro mil investigadores judiciales y jueces.

“Esa ley de víctimas, en cierta forma, lo que hace es cicatrizar unas heridas causadas por tantos años de violencia para poder mirar hacia adelante”, dijo la mañana siguiente a la votación de la ley el presidente Santos. Desde su pueblo natal, Segovia, a diez horas de Medellín, Virgilio Gómez dice que aprobar esta ley “es otro crimen más contra el pueblo”. Gómez es víctima de una de las masacres ocurridas antes de 1991, que junto a otros hechos atroces engruesan la lista de los delitos que quedarán impunes y a cuyos sobrevivientes se les niega –con la ley actual– el derecho a la reparación y la verdad.

En la masacre de Segovia, en 1988, Virgilio perdió a su hijo de 10 años, Francisco William Gómez Monsalve. Fue una década de sangre: masacres en Honduras y La Negra, marzo de 1988; La Mejor Esquina, Córdoba, 1988; Simacota, Santander, enero de 1989; La Rochela, Santander, enero de 1989; y Puerto Bello, Antioquia, enero de 1990. En casi todas se comprobó participación del ejército y la policía en complicidad con paramilitares para asesinar civiles.

Virgilio Gómez le contó a Página/12 que, previendo la injusticia colombiana, las víctimas de Segovia ya llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. De todas formas, cree, “el Estado colombiano tiene que repararnos a nosotros”. Enterándose de que, según aprobó el Congreso, él no tendrá derecho a reclamar a la Justicia local por el homicidio de su hijo a manos del ejército, la policía y paramilitares de la zona, Virgilio le dice a este diario: “¿Por qué están tapando?, quieren tapar con un dedo el derramamiento de sangre que ha habido en Colombia. Por eso es que la guerra no cesa; porque el mismo Estado viola y propone que las cosas queden impunes”.

Según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, “el proyecto de ley de víctimas aprobado hasta el momento desconoce las obligaciones del Estado en materia de personas protegidas por el derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto armado interno, de este modo niega la condición de víctimas a los familiares de miembros de grupos armados que hayan sido torturados, ejecutados extrajudicialmente y/o desaparecidos forzadamente”. Además, promueve medidas de “justicia tran-saccional” como si el conflicto político, social y armado en el país ya hubiese desaparecido. Y, entre otras cosas, “no promueve el esclarecimiento de los crímenes de Estado y de los grupos paramilitares”.

La llamada ley de víctimas busca asistir a los más de cuatro millones de desplazados que deja el conflicto y favorecer en cuatro años la devolución de unos dos millones de hectáreas que los paramilitares robaron a los civiles campesinos con masacres como las que se desconocen con la aprobación de esta semana. Sin embargo, no es claro el número total de víctimas de la cincuentenaria guerra colombiana.