El punto neurálgico de la gestión de Nilda Garré al frente de la Seguridad va a ser, indudablemente, el control civil y estratégico de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La concepción está expresada en el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD) que firmaron numerosos dirigentes políticos hace exactamente un año: desde León Arslanian hasta Agustín Rossi, incluyendo a Ricardo Alfonsín, Pino Solanas, Hugo Moyano, Hermes Binner, Felipe Solá, Marcela Rodríguez de la Coalición Cívica, Marcelo Saín, Alberto Binder, el CELS, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y muchísimos otros. Es un texto que habla del “engaño de la mano dura” y de una política integral de seguridad, que incluye una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y bien remunerada, con un sistema penal que investigue y juzgue en el tiempo adecuado, garantizando el derecho de defensa y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento. Tal como plantearon los referentes del ASD hace un mes, un elemento clave será el Observatorio Nacional del Delito, presentado en esa oportunidad por Arslanian y el titular del CELS, Horacio Verbitsky, entre otros, y que tiene el objetivo de dotar al ministerio de información confiable para diseñar las estrategias.

Uno de los temas candentes está referido a la conducción de la Policía Federal. Las alternativas son dos.

- La más probable, que se designen nuevos jefes de la propia fuerza, pasando a retiro a un grupo importante de comisarios, de manera de producir una fuerte renovación.

- La otra posibilidad es que directamente se designe a un civil al frente de la Federal, lo que significaría un cambio inédito.

En cualquiera de las dos alternativas, la transformación de fondo es que la Federal y, en verdad, todas las fuerzas de seguridad pasarán a ser conducidas por el ministerio. Esto incluye, por ejemplo, ascensos, traslados, presupuestos, estrategias, las llaves maestras de la conducción en materia de seguridad.

La designación de Cristina Caamaño como secretaria de Seguridad marca la tónica. La fiscal investigó con eficacia y seriedad el caso del asesinato de Mariano Ferreyra, en el que hay siete procesados y detenidos y en el que le pidió a la jueza el llamado a indagatoria de los dos máximos jefes de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos “El Gallego” Fernández y José Pedraza. En la Justicia, Caamaño está a cargo, además, de la fiscalía que investiga los delitos sexuales en la Capital Federal y combina su experiencia en la Justicia con estudios muy profundos sobre la realidad penitenciaria. Escribió un libro muy reconocido, Manual Práctico para Defenderse en la Cárcel, donde habla de los estudios en prisión, las visitas íntimas, el uso del DIU por parte de las mujeres, la correspondencia. La continuidad de ese trabajo fue el Manual Práctico para Presos Extranjeros. Caamaño, por otra parte, enseñó en la cárcel.

Los textos de la fiscal fueron publicados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), que junto con el CELS parecen ser las dos fuentes de estudios técnicos y cuadros especializados que respaldarán el trabajo de Garré.

En realidad, la ministra va a seguir los lineamientos generales que ya sostuvo en Defensa, empezando por la conducción civil en todos los terrenos. Estos son algunos elementos que surgieron del ASD y que, según todo lo indica, van a estar presentes en la gestión de Garré:

- El Observatorio Nacional del Delito, un sistema de carácter técnico que reúna estadísticas serias sobre la violencia y el delito.

- Producción y análisis de información sobre seguridad y delito en manos del ministerio, no de las fuerzas policiales. Esta es una clave para que sean las autoridades políticas, civiles, las que tomen las decisiones, poniendo un fuerte límite a la autarquía policial.

- Fuerte énfasis en las estrategias de prevención en todos los terrenos. Esto incluye, por ejemplo, un refuerzo importante a las relaciones con la comunidad, los foros de seguridad y la participación de las entidades ciudadanas que, además, conocen de cerca cómo prevenir buena parte de los delitos que se producen en su zona.

- Dura batalla contra la corrupción en las fuerzas de seguridad. Seguramente se va a tomar en cuenta la experiencia de la flamante Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuya División de Asuntos Internos no pertenece a la fuerza, sino que es externa. Es una Dirección de Control Policial que no está en manos de oficiales, ni siquiera de los jefes de la PSA.

- Acento en el estricto respeto a los derechos humanos. Por supuesto, el ASD menciona en concreto “una gestión policial no violenta en el ámbito público”, es decir asegurarse que no exista violencia policial y mucho menos armamento ante las protestas.

- En el ASD se menciona que “un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y un importante mercado ilegal de armas”. Uno de los casos más notorios de esa mecánica es el delito que produce más muertes en la Argentina: el robo de autos. Todos los especialistas coinciden en que la clave está en los grandes desarmaderos. La política de seguridad pondrá acento en esas redes –los desarmaderos– como forma de afrontar el delito común.

- Un sistema de capacitación y formación no militarizado y anclado en valores democráticos. Es una transformación parecida a la que Garré emprendió en las Fuerzas Armadas, donde parte de la vida militar consistía en humillar y usar como personal doméstico a los subordinados.

- También se habla de un régimen profesional basado en un escalafón único –el suboficial tiene que tener la chance de llegar a comisario, no existen dos castas– y dándoles mucha importancia a las especializaciones de los efectivos.

- Aunque el Servicio Penitenciario Federal se mantiene –según el decreto firmado por la Presidenta– en el Ministerio de Justicia, la flamante cartera tendrá incidencia sobre las condiciones en las que están los presos y, fundamentalmente, en políticas de resocialización.

- También en el área de Justicia, el Ministerio de Seguridad insistirá en acelerar los tiempos de las causas, que exista a pleno el derecho de defensa y otros aspectos que se señalan en el ASD.

El gran desafío que tienen Garré, Caamaño y todos los que se sumen al flamante ministerio consiste en gestionar en el día a día estos lineamientos y constituir una alternativa a la política de la mano dura que, como sostiene el ASD, no hizo más que consolidar la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.