El gobierno de México está equivocado. Y los errores, si no se corrigen a tiempo, pueden costar caro. La advertencia proviene de referentes de organizaciones sociales de ese país dedicadas a la problemática de la delincuencia y el crimen organizado. Los expertos apuntan exclusivamente a la estrategia que la administración federal del presidente Felipe Calderón está desarrollando para exterminar los carteles del narcotráfico, que están haciendo jirones a la sociedad mexicana. “Cada año perdemos un mundo de personas por una guerra sanguinaria que el gobierno está librando contra los criminales con la que, ya está probado, no obtendrá victoria alguna”, sentenció el responsable de México Unido Contra la Delincuencia, Eduardo Gallo. La violencia como táctica principal, la falta de planes que apunten a disminuir el consumo de droga y la incapacidad de eliminar la corrupción de la clase política y la policía, innegablemente necesarias para que las redes criminales funcionen, son los puntos más criticados.

El Consejo Nacional de Seguridad mexicano reveló la semana pasada que el crimen organizado produjo la muerte de 15.273 personas durante 2010. La cifra representa más de la mitad de las muertes contabilizadas desde 2006, cuando el gobierno les declaró la guerra a los carteles (ver aparte). Aunque advirtieron que la cifra no representa exhaustivamente la realidad, la crudeza creciente los preocupa. “Es necesario bajar el nivel de violencia al mínimo”, remarcó Gallo.

Desde su llegada al gobierno, Calderón basó su estrategia de lucha en trabajos de inteligencia y el accionar de la policía y los militares. La mecánica consistió y consiste en eliminar a la cabeza de los grupos, a la que no le cabe más destino que la muerte. “No se tienen en cuenta las segundas líneas. Sin el mando mayor, comienzan a disputarse el liderazgo. Son más inexpertos, intolerantes y violentos. El cartel perderá fuerza, pero ganará violencia”, señaló el experto.

La forma de actuar del Estado convierte a los carteles en una cabeza de hidra cuyas puntas se vuelven cada vez más sanguinarias. Los que disputan el poder máximo deben fortalecerse para resistir, para ganar respeto y para controlar el territorio. Las luchas hacia adentro del grupo se suman a los enfrentamientos con otros grupos que intentarán disputar el territorio del debilitado y al intento del Estado de eliminar a todos. “Las muertes se multiplican sin límite”, concluyó Arturo Arango, responsable de la ONG Seguridad Pública en México. El plan estatal es ineficaz, también, en su intento de evitar que el tráfico de droga siga siendo un negocio increíblemente rentable. “El gobierno se convierte en el gran regulador del mercado”, señaló Arango. El combate a un cartel significa una restricción en la oferta de droga que comercializa ese grupo. Los grupos que intentan tomar el territorio del debilitado tienen un mercado al que pueden abastecer a mayor precio, según las reglas básicas de la economía. Los carteles restantes venden menos, pero ganan más. “Un plan más que seductor. Intentarán ganar ese mercado como sea”, apuntó.

El mapa oficial que refleja la distribución de carteles en México evidencia la existencia de dos grandes redes conformadas por los ocho grupos más poderosos. Viven de la producción, comercialización, distribución y venta al exterior de cocaína, marihuana y metaanfetaminas, que acompañan con contrabando de armas, de mujeres y de inmigrantes indocumentados, secuestros extorsivos y golpes comando a ductos de combustible. Los Zetas, el cartel de Juárez y el Beltrán Leiva integran una de las redes, que actúa en el sur y en la costa del Golfo. Los carteles de Sinaloa, del Golfo, la Familia michoacana y el cartel del Milenio conforman la otra gran estructura, que disputa el Golfo, pero se extiende hacia el Oeste.

De este presente al ideal exterminio de los carteles existe un abismo. Y los pronósticos son atroces: “El gobierno está perdiendo territorio sin pausa. Tamaulipas, Veracruz, Monterrey y Tabasco, cuatro ciudades de las ocho importantes a la orilla del Golfo, están en manos del crimen organizado. No faltará mucho para que toda la costa se convierta en un Estado independiente”, alertó el responsable de Seguridad Pública en México.

¿Qué es lo que permite el avance sin pausa de los grupos? Los referentes de las organizaciones sociales señalan un cóctel de variables que incluye corrupción, pobreza y falta de empleo que afecta, sobre todo, a las nuevas generaciones. “Como sociedad, no hemos sido capaces de brindar un presente próspero a los jóvenes”, apuntó Arango. Seguridad Pública los llama “la generación Ni-Ni”, ni trabajo ni educación. Para ellos –el 30 por ciento de las personas entre 18 y 30 años–, el narcotráfico es una salida fácil: “Les ofrecen trabajo, calidad de vida, seguridad. Todo lo que el Estado les niega”, concluyó. Lo mismo ocurre con la población empobrecida, unos 50 millones de mexicanos.

Al momento de ofrecer soluciones, los caminos aconsejados por las organizaciones se bifurcan. Para México unido contra la Delincuencia, las posibilidades son dos. Por un lado, el exterminio de las segundas y terceras líneas de cada cartel: “El flujo estructural también se debilita, y con menos violencia”, sostuvo Gallo. Por otro, el ataque a las redes financieras para “secar” la economía de los grupos criminales y lograr su desintegración sin muertes. “La plata generada por los carteles es plata negra que entra y sale, pero que tarde o temprano se blanquea en México, en la construcción de grandes hoteles, restaurantes y megaemprendimientos. Eso tiene que auditar el Estado”, explicó Gallo. La tarea necesita que la clase política y la policía no estén involucradas. “Sin la complicidad de los funcionarios, los carteles nunca podrían haber crecido tanto”, denunció.

Para Seguridad Pública, la clave es el consumo. “México lucha contra la oferta de droga y criminaliza el consumo, sin pensar en su reducción por otras vías. Sigue el consejo de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. En México, los consumidores son delincuentes, en vez de víctimas secundarias”, indicó el responsable de la entidad, que coincidió con su colega al mencionar a la corrupción: “La captura y judicialización de los participantes en la cadena de narcotráfico disminuyó considerablemente. Eso sucede porque entre esos participantes hay jueces, políticos y policías”.